Luchar por todas las personas

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, contra el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), para que el gobierno entregue de manera inmediata todos los documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de cerca de 6,000 personas migrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley Núm. 97 de 2013, incluyendo un subpoena alegadamente emitido por una agencia federal. La acción de la ACLU-PR surge luego de que el DTOP se negara a proveer copias de los requerimientos de información emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), así como las evaluaciones legales y la información que fue entregada para cumplir con dichos requerimientos. La respuesta de la agencia se basó en generalidades, sin sustentar legalmente el reclamo de confidencialidad, lo que constituye un incumplimiento de un deber ministerial y una flagrante violación al derecho de acceso a la información pública, un derecho de rango constitucional en Puerto Rico. El pleito se fundamenta en la revelación pública de que el DTOP, entre febrero y marzo de 2025, entregó a agencias federales de inmigración datos personales de sobre cerca de 6,000 conductores con estatus migratorio no regularizado. Posteriormente, el propio gobierno federal confirmó que estos datos están siendo utilizados activamente para identificar inmigrantes, localizarlos, arrestarlos sin orden judicial y deportarlos. La ACLU-PR subrayó que esta acción del gobierno de Puerto Rico se realizó en contravención directa de la propia Ley 97-2013, que ordena al Secretario del DTOP establecer los mecanismos necesarios para que este registro no pueda ser usado para discriminar ni se divulgue la información.