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Una Junta diseñada para quedarse: Poder, permanencia y las condiciones de salida de PROMESA

PROMESA creó una entidad presentada como temporera, pero le concedió a la propia Junta de Supervisión Fiscal un papel determinante en establecer, interpretar y certificar las condiciones necesarias para poner fin a su existencia. Diez años después, este conversatorio examina cómo esa estructura ha contribuido a ampliar su misión, sus poderes y su permanencia. ¿Qué ocurre cuando una institución temporal, impuesta por el Congreso de Estados Unidos, tiene el poder de decidir cuándo ha terminado su propio trabajo? ¿Qué herramientas existen hoy para romper con esa estructura y poner fin al trabajo de la Junta? Estas preguntas servirán de punto de partida para una discusión sobre una década de control fiscal y sus efectos sobre la democracia, los servicios públicos y la capacidad de Puerto Rico para decidir su propio futuro. Registro: Registro de Conversatorio ACLUPR – Fill out form (Este registro no es un requisito de entrada. Se utiliza únicamente para fines logísticos.)
Aug 18, 2026 | 5:00 PM (ET)
Comunicados de prensa
Inocencia Rodríguez, a su salida de la Corte de Inmigración en Guaynabo.

Inocencia Rodríguez permanecerá en libertad tras victoria en el Tribunal Federal

ACLU de Puerto Rico celebra que continúe junto a su familia, pero denuncia como excesiva la fianza de $5,000 impuesta por el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza
Áreas temáticas: Derechos de Inmigrantes
Casos judiciales: Inocencia Rodríguez v. Rebecca González, et al.
Casos judiciales
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Inocencia Rodríguez v. Rebecca González, et al.

Esta petición de habeas corpus de emergencia fue presentada el 13 de julio en representación de Inocencia Rodríguez, inmigrante dominicana, para impugnar lo que la ACLU de Puerto Rico describió como una detención ilegal. Rodríguez fue detenida el viernes, 10 de julio de 2026, durante un operativo agresivo de varios vehículos ejecutado por al menos ocho personas en un punto de control de acceso en Guaynabo. Al momento de la intervención conducía un vehículo a su nombre ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y ninguna autoridad local había ordenado una detención vehicular. Rodríguez es beneficiaria de una Petición de Familiar Extranjero, conocida como formulario I-130, aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) y presentada por su esposo, Pablo Rafael Mota, residente legal permanente. También obtuvo, el 24 de abril de 2025, la aprobación de su formulario I-601A, como parte del proceso requerido para regularizar su estatus migratorio mediante trámite consular. En su solicitud, la ACLU de Puerto Rico argumentó que Rodríguez, quien tiene una hija de ocho años que es ciudadana estadounidense, no representa riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, por lo cual solicitó su liberación inmediata y la celebración de una vista de fianza conforme a la ley federal.
Comunicados de prensa
Edificio de la Corte de Apelaciones Circuito en Boston

Primer Circuito frena intento de la Junta de proteger a funcionarios demandados por violaciones de derechos civiles

En un caso de la ACLU de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal había apelado una orden de la jueza Laura Taylor Swain que aclaró que PROMESA no protege a funcionarios y exfuncionarios demandados en su carácter personal
Áreas temáticas: Libertad de expresión

Temas que estamos monitorendo

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Casos Destacados

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ACLU de PR v. DTOP

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, contra el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), para que el gobierno entregue de manera inmediata todos los documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de cerca de 6,000 personas migrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley Núm. 97 de 2013, incluyendo un subpoena alegadamente emitido por una agencia federal. La acción de la ACLU-PR surge luego de que el DTOP se negara a proveer copias de los requerimientos de información emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), así como las evaluaciones legales y la información que fue entregada para cumplir con dichos requerimientos. La respuesta de la agencia se basó en generalidades, sin sustentar legalmente el reclamo de confidencialidad, lo que constituye un incumplimiento de un deber ministerial y una flagrante violación al derecho de acceso a la información pública, un derecho de rango constitucional en Puerto Rico. El pleito se fundamenta en la revelación pública de que el DTOP, entre febrero y marzo de 2025, entregó a agencias federales de inmigración datos personales de sobre cerca de 6,000 conductores con estatus migratorio no regularizado. Posteriormente, el propio gobierno federal confirmó que estos datos están siendo utilizados activamente para identificar inmigrantes, localizarlos, arrestarlos sin orden judicial y deportarlos. La ACLU-PR subrayó que esta acción del gobierno de Puerto Rico se realizó en contravención directa de la propia Ley 97-2013, que ordena al Secretario del DTOP establecer los mecanismos necesarios para que este registro no pueda ser usado para discriminar ni se divulgue la información.