Casos Judiciales

La ACLU de Puerto Rico acudió al tribunal en representación del periodista Carlos Berríos Polanco para exigir que la Policía de Puerto Rico entregue información pública sobre su participación en Operación Stonegarden, un programa federal que financia coordinación entre agencias para atender ciertos delitos transfronterizos. La organización sostiene que la Policía incumplió con su obligación legal de responder a una solicitud de acceso a documentos sobre fondos públicos, operativos y salvaguardas de derechos civiles.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de habeas corpus de emergencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en representación de Albeto Pierre, un inmigrante haitiano detenido por agentes federales la víspera de Navidad en Barrio Obrero en Santurce, mientras acompañaba a su pareja a una cita prenatal. La acción legal impugnó la detención arbitraria y carente de base legal, y solicita al tribunal su liberación inmediata, así como una orden para impedir su traslado inminente fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de habeas corpus de emergencia y una moción urgente para paralizar el traslado de Martín Medina de la Cruz, un inmigrante dominicano que fue detenido por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) el 18 de enero de 2026 en Puerto Nuevo en San Juan. La organización sostuvo que la detención de Medina de la Cruz es ilegal, arbitraria y carente de una base legal válida, y que el gobierno federal pretende transferirlo fuera de la jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico de forma inminente, lo que agravaría el daño a su debido proceso y su acceso a representación legal.

El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico acogió una petición de habeas corpus presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico y ordenó al gobierno federal no transferir fuera de Puerto Rico a Diogene Fermin Fernández, un inmigrante dominicano detenido por agentes federales. En su orden, el juez Pedro A. Delgado Hernández estableció además un término para que el gobierno celebrara una vista de fianza, advirtiendo que "si los demandados no proporcionan dicha audiencia dentro de este plazo, deberán liberar inmediatamente al peticionario". Diogene Fermín Fernández reside en Puerto Rico desde 2007 y fue intervenido por agentes federales el 20 de enero de 2026 mientras se dirigía a su trabajo en Villa Palmeras, un sector de alta concentración de comunidad dominicana en San Juan. De acuerdo con la petición presentada ante el tribunal, el arresto ocurrió bajo circunstancias que levantan serios señalamientos de perfilamiento racial, y culminó con su traslado al área oeste de Puerto Rico, donde permanecía bajo custodia federal enfrentando la amenaza de ser removido de la jurisdicción en cuestión de horas o días.

Un juez de inmigración concedió una fianza al inmigrante dominicano Joan Alberto Zorrilla Lora, una determinación que representa un avance importante frente a una detención que nunca debió ocurrir. La determinación ocurre después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentara una petición urgente de Habeas Corpus para detener el traslado de Zorrilla Lora fuera de la jurisdicción local y exigir que se celebrara la vista de fianza, un proceso al que tenía derecho. Este caso también expone la colaboración voluntaria de autoridades municipales con la maquinaria federal de detención migratoria. Existe evidencia que demuestra que la Policía Municipal de Carolina tuvo un rol directo en los eventos que condujeron a la detención de Zorrilla Lora por autoridades federales. Esa intervención evidencia una colaboración voluntaria del Municipio con funciones de control migratorio, aun sin existir un acuerdo 287(g) que delegue ese tipo de autoridad.

El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico ordenó al gobierno federal traer de regreso a Puerto Rico a Teófilo Ávila, una persona inmigrante detenida que fue trasladado fuera de la jurisdicción pese a que la ACLU de Puerto Rico radicó un habeas corpus a tiempo para impedir su traslado. La jueza Silvia Carreño Coll dispuso que Ávila debía ser devuelto a Puerto Rico no más tarde del 2 de febrero y advirtió que el incumplimiento conllevaría la imposición de desacato contra Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de HSI en Puerto Rico, identificada por el tribunal como la custodio designada del detenido. De acuerdo con la orden, el 29 de enero de 2026 el tribunal había concedido una medida temporera de emergencia (TRO, en inglés) y una moción urgente que prohibía transferir a Ávila fuera de Puerto Rico y requería que se le concediera una vista de fianza ante un juez de inmigración no más tarde del 12 de febrero de 2026. Ávila -quien es representado por la abogada de inmigración Rosaura González Rucci- fue detenido en Puerto Rico el 19 de enero de 2026 y posteriormente mantenido bajo custodia en instalaciones locales antes de su traslado fuera de la jurisdicción. El tribunal subrayó que no hay controversia en que el detenido estaba en Puerto Rico cuando se presentó correctamente la petición de habeas corpus.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico radicó una petición urgente de Habeas Corpus ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en representación de Perfecto Paula, un ciudadano dominicano detenido por agencias federales desde el 14 de febrero de 2026 en Puerto Rico, pese a contar con un proceso migratorio avanzado y aprobado y fuertes vínculos familiares en el archipiélago. En su solicitud al Tribunal Federal, la organización pidió que se asuma jurisdicción sobre el caso, que se emita una orden de restricción temporera que prohíba el traslado de Paula fuera del Distrito de Puerto Rico mientras se atiende la petición, y que se conceda el habeas corpus para ordenar su liberación inmediata, o en la alternativa, su liberación bajo fianza. En la misma dirección, la ACLU pidió que se proteja a todas las personas inmigrantes que se encuentran bajo estas mismas condiciones.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de habeas corpus en la que sostiene que la detención de Ernesto José Cruz Tejada es ilegal porque fue procesado para una expulsión expedita a pesar de que llevaba más de dos décadas viviendo de forma continua en Puerto Rico y Estados Unidos, tenía una petición familiar I-130 aprobada presentada por su madre residente legal permanente y, según el recurso, no encaja en las categorías de detención obligatoria. El recurso plantea que su encarcelamiento viola el debido proceso, que no se le dio una audiencia de fianza a la que tendría derecho y que existe un riesgo inminente de que sea transferido fuera de Puerto Rico, lo que afectaría su acceso a abogados y agravaría el impacto sobre su madre, de 68 años, cuya salud es delicada y de quien él es cuidador principal. La denuncia describe que el arresto ocurrió el 7 de marzo de 2026 en Barrio Obrero, en San Juan, cuando Cruz Tejada iba camino al mercado para comprar desayuno para su madre enferma. La petición además denuncia que la intervención estuvo motivada racialmente, que las autoridades no corroboraron desde cuándo residía de manera continua en Puerto Rico antes de tramitarle la expulsión expedita, y que su arresto y detención se dieron sin una base legal válida ni consideración adecuada de alternativas menos restrictivas.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, contra el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), para que el gobierno entregue de manera inmediata todos los documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de cerca de 6,000 personas migrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley Núm. 97 de 2013, incluyendo un subpoena alegadamente emitido por una agencia federal. La acción de la ACLU-PR surge luego de que el DTOP se negara a proveer copias de los requerimientos de información emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), así como las evaluaciones legales y la información que fue entregada para cumplir con dichos requerimientos. La respuesta de la agencia se basó en generalidades, sin sustentar legalmente el reclamo de confidencialidad, lo que constituye un incumplimiento de un deber ministerial y una flagrante violación al derecho de acceso a la información pública, un derecho de rango constitucional en Puerto Rico. El pleito se fundamenta en la revelación pública de que el DTOP, entre febrero y marzo de 2025, entregó a agencias federales de inmigración datos personales de sobre cerca de 6,000 conductores con estatus migratorio no regularizado. Posteriormente, el propio gobierno federal confirmó que estos datos están siendo utilizados activamente para identificar inmigrantes, localizarlos, arrestarlos sin orden judicial y deportarlos. La ACLU-PR subrayó que esta acción del gobierno de Puerto Rico se realizó en contravención directa de la propia Ley 97-2013, que ordena al Secretario del DTOP establecer los mecanismos necesarios para que este registro no pueda ser usado para discriminar ni se divulgue la información.