Casos Judiciales

El caso Comité Diálogo Ambiental v. FEMA se centra en la exigencia de que los fondos de recuperación de desastres sean utilizados para transformar el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico a un modelo basado en energía solar. La demanda argumenta que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otras agencias de Estados Unidos tienen la obligación de respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico, expresada a través de su legislatura, y promover el desarrollo económico de la isla. El fundamento legal invocado incluye el Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, destacando la necesidad de que las acciones federales se alineen con los intereses de la población puertorriqueña.

La ACLU de Puerto Rico acudió al tribunal en representación del periodista Carlos Berríos Polanco para exigir que la Policía de Puerto Rico entregue información pública sobre su participación en Operación Stonegarden, un programa federal que financia coordinación entre agencias para atender ciertos delitos transfronterizos. La organización sostiene que la Policía incumplió con su obligación legal de responder a una solicitud de acceso a documentos sobre fondos públicos, operativos y salvaguardas de derechos civiles.

El Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) presentó esta demanda contra la Policía de Puerto Rico, por el asesinato de Daniel Maldonado Díaz, un veterano de 42 años del Ejército de Estados Unidos que atravesaba una crisis de salud mental en su residencia en Utuado cuando un agente le disparó en el pecho, en un ejercicio indebido de fuerza mortal. Daniel murió por un disparo del sargento Julio C. Nieves Rosado, el 26 de mayo del 2025, durante una intervención en crisis, en la residencia del veterano en la barriada Nueva de Utuado. Los familiares de Daniel afirman que el policía conocía al veterano y sabían que irían a una intervención en crisis. Afirman, además, que Daniel no estaba armado ni puso resistencia alguna, y que los policías no intentaron establecer un diálogo con él.

Esta petición de habeas corpus de emergencia solicita la liberación inmediata de Leon Isauro Calderon Santana, un inmigrante dominicano, detenido por ICE el 24 de abril de 2026 durante un operativo migratorio en San Juan, Puerto Rico, cuando se dirigía a abrir su negocio, Chaito Mármol. La petición sostiene que su detención es ilegal y viola el debido proceso de ley porque Calderon Santana ha vivido de forma continua en Estados Unidos desde 2004, tiene pendiente una petición I-130 presentada por su hija ciudadana estadounidense y podría ser elegible para una cancelación de remoción. También plantea que no representa riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, que ha cumplido con sus obligaciones contributivas, mantiene económicamente a varios hijos ciudadanos estadounidenses y es el principal cuidador de su esposa ciudadana estadounidense, quien tiene necesidades médicas y de salud mental. Además, la petición alega que la intervención fue motivada racialmente y solicita al tribunal federal que declare ilegal su detención continua y ordene su liberación inmediata.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de habeas corpus de emergencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en representación de Albeto Pierre, un inmigrante haitiano detenido por agentes federales la víspera de Navidad en Barrio Obrero en Santurce, mientras acompañaba a su pareja a una cita prenatal. La acción legal impugnó la detención arbitraria y carente de base legal, y solicita al tribunal su liberación inmediata, así como una orden para impedir su traslado inminente fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de habeas corpus de emergencia y una moción urgente para paralizar el traslado de Martín Medina de la Cruz, un inmigrante dominicano que fue detenido por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) el 18 de enero de 2026 en Puerto Nuevo en San Juan. La organización sostuvo que la detención de Medina de la Cruz es ilegal, arbitraria y carente de una base legal válida, y que el gobierno federal pretende transferirlo fuera de la jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico de forma inminente, lo que agravaría el daño a su debido proceso y su acceso a representación legal.

El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico acogió una petición de habeas corpus presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico y ordenó al gobierno federal no transferir fuera de Puerto Rico a Diogene Fermin Fernández, un inmigrante dominicano detenido por agentes federales. En su orden, el juez Pedro A. Delgado Hernández estableció además un término para que el gobierno celebrara una vista de fianza, advirtiendo que "si los demandados no proporcionan dicha audiencia dentro de este plazo, deberán liberar inmediatamente al peticionario". Diogene Fermín Fernández reside en Puerto Rico desde 2007 y fue intervenido por agentes federales el 20 de enero de 2026 mientras se dirigía a su trabajo en Villa Palmeras, un sector de alta concentración de comunidad dominicana en San Juan. De acuerdo con la petición presentada ante el tribunal, el arresto ocurrió bajo circunstancias que levantan serios señalamientos de perfilamiento racial, y culminó con su traslado al área oeste de Puerto Rico, donde permanecía bajo custodia federal enfrentando la amenaza de ser removido de la jurisdicción en cuestión de horas o días.

Un juez de inmigración concedió una fianza al inmigrante dominicano Joan Alberto Zorrilla Lora, una determinación que representa un avance importante frente a una detención que nunca debió ocurrir. La determinación ocurre después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentara una petición urgente de Habeas Corpus para detener el traslado de Zorrilla Lora fuera de la jurisdicción local y exigir que se celebrara la vista de fianza, un proceso al que tenía derecho. Este caso también expone la colaboración voluntaria de autoridades municipales con la maquinaria federal de detención migratoria. Existe evidencia que demuestra que la Policía Municipal de Carolina tuvo un rol directo en los eventos que condujeron a la detención de Zorrilla Lora por autoridades federales. Esa intervención evidencia una colaboración voluntaria del Municipio con funciones de control migratorio, aun sin existir un acuerdo 287(g) que delegue ese tipo de autoridad.

El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico ordenó al gobierno federal traer de regreso a Puerto Rico a Teófilo Ávila, una persona inmigrante detenida que fue trasladado fuera de la jurisdicción pese a que la ACLU de Puerto Rico radicó un habeas corpus a tiempo para impedir su traslado. La jueza Silvia Carreño Coll dispuso que Ávila debía ser devuelto a Puerto Rico no más tarde del 2 de febrero y advirtió que el incumplimiento conllevaría la imposición de desacato contra Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de HSI en Puerto Rico, identificada por el tribunal como la custodio designada del detenido. De acuerdo con la orden, el 29 de enero de 2026 el tribunal había concedido una medida temporera de emergencia (TRO, en inglés) y una moción urgente que prohibía transferir a Ávila fuera de Puerto Rico y requería que se le concediera una vista de fianza ante un juez de inmigración no más tarde del 12 de febrero de 2026. Ávila -quien es representado por la abogada de inmigración Rosaura González Rucci- fue detenido en Puerto Rico el 19 de enero de 2026 y posteriormente mantenido bajo custodia en instalaciones locales antes de su traslado fuera de la jurisdicción. El tribunal subrayó que no hay controversia en que el detenido estaba en Puerto Rico cuando se presentó correctamente la petición de habeas corpus.