Libertad de expresión

La ley coartaba la labor periodística en medio de la pandemia de COVID-19 y amenazaba la libertad de prensa durante periodos de emergencias declaradas

El año pasado, un tribunal federal bloqueó los intentos de la administración Trump de tomar el control ideológico de la Universidad de Harvard

La Primera Enmienda protege tu derecho a reunirte y expresar tu opinión a través de las protestas.

La Primera Enmienda protege su derecho a grabar y documentar a agentes del orden público y federales en el ejercicio de sus funciones en público.

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) de Puerto Rico, organización no partidista y sin fines de lucro dedicada a defender los derechos civiles, humanos y el acceso a la información pública, rechaza el Proyecto del Senado 331, que propone enmendar la Ley del Registro Demográfico para declarar confidenciales todos los certificados que expide esa oficina y restringir quiénes pueden acceder a ellos redefiniendo el concepto de “parte interesada”. La ACLU de Puerto Rico sostiene que esta medida busca, en la práctica, revertir decisiones judiciales que reconocieron el derecho de la prensa y la ciudadanía a acceder a certificados de defunción de alto interés público, atentando contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, la transparencia y la fiscalización gubernamental. Además, advierte que el PS 331 representa un ataque al sistema de separación de poderes al intentar revocar vía legislación lo ya resuelto por los tribunales, promueve la censura bajo el pretexto de proteger la intimidad y, al limitar el acceso a datos esenciales, debilita investigaciones periodísticas, científicas y procesos democráticos, por lo que la organización insta a su rechazo. Estatus de la medida: https://sutra.oslpr.org/medidas/153837

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) de Puerto Rico, organización no partidista y sin fines de lucro dedicada a adelantar los derechos civiles y humanos y a defender el acceso a la información pública, advierte que el Proyecto del Senado 63 -que propone, entre otros cambios, extender de 10 a 20 días laborables el término para que las agencias respondan solicitudes de información, ampliar la prórroga hasta 40 días y añadir requisitos técnicos adicionales- constituye en la práctica un retroceso al derecho constitucional de acceso a la información y a la fiscalización ciudadana. La ACLU de Puerto Rico entiende que estas enmiendas dilatan injustificadamente el acceso a datos de alto interés público, abren la puerta a más opacidad y burocracia, y podrían incluso vaciar de contenido el derecho, por lo que insta a rechazar el PS 63. Estatus de la medida: https://sutra.oslpr.org/medidas/152452