Derechos de las comunidades LGBTQ+

Las personas LGBTQ+ tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad e igualdad. En Puerto Rico, las comunidades LGBTQ+ continúan enfrentando discriminación, violencia y barreras para acceder a servicios, empleo, vivienda y atención médica.
La ACLU de Puerto Rico trabaja para defender los derechos de las comunidades LGBTQ+ al combatir políticas y prácticas discriminatorias, proteger la igualdad ante la ley y promover espacios seguros e inclusivos. Defendemos el derecho de todas las personas a expresarse libremente y a vivir sin miedo a la exclusión o el daño.
Los derechos LGBTQ+ son derechos humanos. Estamos comprometidos con la protección de la igualdad y la libertad para todas las personas en Puerto Rico.

LGBTQ Rights

Lo que necesitas saber

2015

El matrimonio igualitario se convirtió en ley en Puerto Rico tras la decisión Obergefell v. Hodges de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, la discriminación y el acoso persisten.

65%

Casi 2 de cada 3 estudiantes LGBTQ+ en Puerto Rico reportaron haber sufrido discriminación anti-LGBTQ+ en la escuela.

11

Desde 2021, se han presentado al menos 11 medidas legislativas anti-LGBTQ+ en Puerto Rico, incluyendo ataques a la atención médica para personas trans, la participación deportiva, los baños inclusivos, la ubicación de las cárceles, la expresión drag y las protecciones contra la discriminación.

Ayúdanos a promover la igualdad para las personas LGBTQ+ puertorriqueñas

La ACLU de Puerto Rico está luchando contra las legislaciones anti-LGBTQ+ y trabajando para garantizar que la igualdad ante la ley signifique igualdad en la vida cotidiana. Tú puedes ayudar denunciando la discriminación, apoyando políticas inclusivas y compartiendo recursos que afirmen y protejan a la comunidad LGBTQ+ en todo Puerto Rico.

Temas clave

La igualdad para las personas LGBTQ+ requiere más que reconocimiento legal: exige un cambio cultural e institucional. La ACLU de Puerto Rico trabaja en diversos sectores para garantizar que las personas LGBTQ+ puedan vivir libre y seguras en todas las comunidades.

Discriminación en el empleo: Los trabajadores LGBTQ+ siguen enfrentando prejuicios y acoso a pesar de las protecciones legales existentes.

Acceso a la atención médica: Las personas transgénero y no binarias enfrentan barreras sistémicas para acceder a la atención y cobertura médica.

Educación y visibilidad: Los estudiantes LGBTQ+ necesitan entornos de aprendizaje seguros e inclusivos, así como protección contra el acoso escolar.

Reconocimiento familiar: Persisten las brechas en la adopción, los derechos parentales y la toma de decisiones en materia de salud para las familias LGBTQ+.

PRIDE Puerto Rico

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ACLU Foundation y ACLU de Puerto Rico presentan amicus ante el Primer Circuito para defender el derecho de las personas no binarias a documentos de identidad precisos

El escrito urge al tribunal a reconocer que la política de certificados de nacimiento de Puerto Rico discrimina contra las personas de identidad trans y debe evaluarse bajo un escrutinio más estricto
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Mar 17, 2026

Ínaru de la Fuente Díaz v. Jenniffer González Colón et al. - Amicus ACLU F. & ACLUPR

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y la ACLU de Puerto Rico presentaron un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en el caso Ínaru Nadia de la Fuente Díaz v. Jenniffer A. González Colón, en apoyo a las personas demandantes que impugnan la política del Estado Libre Asociado que les impide obtener certificados de nacimiento que reflejen una marca de género “X” para personas no binarias. Actualmente, el Gobierno de Puerto Rico restringe el marcador de género en los certificados de nacimiento únicamente a “M” o “F”, en referencia al binario "masculino" y "femenino", pero se niega a ofrecer la opción “X”, aun cuando la persona cuenta con otros documentos o certificaciones médicas que reconocen su identidad de género no binaria. El Tribunal de Distrito de Puerto Rico ya determinó que esta política viola el derecho a igual protección de las leyes, aunque aplicó el estándar más liviano de revisión (rational basis). El amicus presentado por la ACLU y su Capítulo de Puerto Rico solicita al Primer Circuito que afirme la decisión, dejando claro que esta política debe evaluarse bajo un escrutinio más riguroso por basarse en la identidad trans de las personas afectadas. El escrito explica que las personas no binarias son un subgrupo de las personas transgénero, pues su identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer. Al excluir específicamente a quienes tienen una identidad no binaria de la posibilidad de obtener documentos precisos, el Gobierno las somete a un trato desigual que tiene consecuencias reales en su vida cotidiana, desde la escuela o el trabajo hasta el acceso a servicios básicos y la interacción diaria con agencias gubernamentales.
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Mar 17, 2026

Ínaru de la Fuente Díaz v. Jenniffer González Colón et al. - Amicus ACLU F. & ACLUPR

The American Civil Liberties Union (ACLU) and the ACLU of Puerto Rico filed an amicus curiae brief before the U.S. Court of Appeals for the First Circuit in the case of Ínaru Nadia de la Fuente Díaz v. Jenniffer A. González Colón, in support of the plaintiffs challenging the Commonwealth policy that prevents them from obtaining birth certificates reflecting an “X” gender marker for nonbinary people. Currently, the Government of Puerto Rico limits the gender marker on birth certificates to only “M” or “F,” referring to the male/female binary, but refuses to offer the “X” option even when a person has other documents or medical certifications recognizing their nonbinary gender identity. The U.S. District Court for the District of Puerto Rico has already determined that this policy violates the right to equal protection of the laws, although it applied the most deferential standard of review, rational basis. The amicus filed by the ACLU and its Puerto Rico affiliate asks the First Circuit to affirm that decision while making clear that this policy should be evaluated under heightened scrutiny because it is based on the affected individuals’ transgender status. The brief explains that nonbinary people are a subgroup within the broader transgender community because their gender identity does not align with the sex assigned to them at birth. By specifically excluding people with a nonbinary identity from the ability to obtain accurate documents, the government subjects them to unequal treatment with real consequences in everyday life, from school or work to access to basic services and daily interactions with government agencies.