Legislación

El Proyecto de la Cámara 1421 busca crear la “Ley para la Protección Contra Sistemas de Vigilancia Masiva” con el propósito de prohibir el uso y contratación de sistemas de vigilancia masiva que violenten las libertades y derechos fundamentales garantizados en la Constitución de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

El Proyecto del Senado 974 persigue tipificar delitos cibernéticos y enmendar el Código Penal de Puerto Rico. Fue radicado el 22 de enero de 2026 por el senador Carmelo Ríos Santiago, del Partido Nuevo Progresista (PNP). En la medida en que el P. del S. 974 pretende aprobar un proyecto de ley sin considerar adecuadamente las serias implicaciones que sus disposiciones podrían tener sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía -además de imponer penas desproporcionadas-, nos oponemos al proyecto. Proteger a la ciudadanía de crímenes cibernéticos no puede significar criminalizar indiscriminadamente las formas en que las personas se relacionan en el entorno digital.

El Proyecto de la Cámara 897 persigue enmendar la Ley 187-2016, conocida como “Ley de Alerta Mayra Elías contra el Hit & Run”; así como enmendar la Ley 83-2025, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”. La medida fue radicada el 7 de octubre de 2025 por el representante Ramón Torres Cruz, del Partido Popular Democrático (PPD), y el representante Félix Pacheco Burgos, del Partido Nuevo Progresista (PNP). La seguridad pública es un objetivo común. Sin embargo, una medida de ley como esta, que considera el uso de tecnologías como los sistemas de lectura automática de tablillas (ALPRs), requiere una discusión amplia que incluya la consideración y reconocimiento de las amenazas y posibles violaciones de derechos constitucionales que vienen atadas a este tipo de tecnología. En Estados Unidos sobran los ejemplos de uso indebido de este tipo de cámaras por parte de agentes, así como errores respecto al manejo y funcionamiento de estos sistemas.

La Resolución Conjunta del Senado 198 persigue ordenar al Departamento de Hacienda de Puerto Rico que establezca como requisito la instalación y operación de sistemas de cámaras de seguridad (videovigilancia) en los establecimientos que soliciten o renueven la licencia para la venta detallada de bebidas alcohólicas. Fue radicada el 14 de julio de 2026 por el senador Carmelo Ríos Santiago, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El Proyecto de la Cámara 1278 busca excluir del derecho al voto a personas sentenciadas por uno o varios delitos graves cuya sentencia sea de diez años o más. Fue radicado el 14 de mayo por la representante Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, y el representante Ensol Rodríguez Torres, del Partido Nuevo Progresista (PNP). La medida fue referida a la Comisión de Gobierno, que es presidida por el representante Víctor Parés Otero. La Cámara de Representantes llevó el proyecto a votación, mediante descargue, y derrotó la medida. Si bien la ACLU de Puerto Rico argmentó su postura en contra del proyecto, la organización reiteró la importancia de que las medidas legislativas sean discutidas previo a votación, incluyendo la celebración de vistas públicas.

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) de Puerto Rico, organización no partidista y sin fines de lucro dedicada a adelantar los derechos civiles y humanos, no apoya el Proyecto de la Cámara 25, que propone atender derechos propietarios enmendando la definición de un recurso natural protegido de rango constitucional.

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) de Puerto Rico, organización no partidista y sin fines de lucro dedicada a adelantar los derechos civiles y humanos y a defender el acceso a la información pública, advierte que el Proyecto del Senado 63 -que propone, entre otros cambios, extender de 10 a 20 días laborables el término para que las agencias respondan solicitudes de información, ampliar la prórroga hasta 40 días y añadir requisitos técnicos adicionales- constituye en la práctica un retroceso al derecho constitucional de acceso a la información y a la fiscalización ciudadana. La ACLU de Puerto Rico entiende que estas enmiendas dilatan injustificadamente el acceso a datos de alto interés público, abren la puerta a más opacidad y burocracia, y podrían incluso vaciar de contenido el derecho, por lo que insta a rechazar el PS 63. Estatus de la medida: https://sutra.oslpr.org/medidas/152452

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) de Puerto Rico, organización no partidista y sin fines de lucro dedicada a defender los derechos civiles, humanos y el acceso a la información pública, rechaza el Proyecto del Senado 331, que propone enmendar la Ley del Registro Demográfico para declarar confidenciales todos los certificados que expide esa oficina y restringir quiénes pueden acceder a ellos redefiniendo el concepto de “parte interesada”. La ACLU de Puerto Rico sostiene que esta medida busca, en la práctica, revertir decisiones judiciales que reconocieron el derecho de la prensa y la ciudadanía a acceder a certificados de defunción de alto interés público, atentando contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, la transparencia y la fiscalización gubernamental. Además, advierte que el PS 331 representa un ataque al sistema de separación de poderes al intentar revocar vía legislación lo ya resuelto por los tribunales, promueve la censura bajo el pretexto de proteger la intimidad y, al limitar el acceso a datos esenciales, debilita investigaciones periodísticas, científicas y procesos democráticos, por lo que la organización insta a su rechazo. Estatus de la medida: https://sutra.oslpr.org/medidas/153837

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) de Puerto Rico, organización no partidista y sin fines de lucro dedicada a adelantar los derechos civiles y humanos, advierte que el Proyecto del Senado 504 que propone reconocer al nasciturus como persona natural dotada de personalidad y capacidad jurídica, mediante enmiendas al Código Civil de 2020, utiliza definiciones amplias, ambiguas y sesgadas, que abren la puerta a interpretaciones que podrían menoscabar los derechos reproductivos y de salud de las mujeres y personas gestantes, así como generar inseguridad jurídica en múltiples áreas del derecho. La ACLU de Puerto Rico insta a rechazar el PS 504. Estatus de la medida: https://sutra.oslpr.org/medidas/155081