Organizaciones exigen a la Cámara restituir protecciones a estudiantes inmigrantes eliminadas del Proyecto del Senado 1062

San Juan, P.R. — Las organizaciones que integran la campaña Migrar es un Derecho exigieron este viernes a la Cámara de Representantes que revierta diversas enmiendas introducidas al Proyecto del Senado 1062, restituya las protecciones contempladas en su versión original y celebre vistas públicas que permitan evaluar sus implicaciones para los derechos fundamentales de la niñez inmigrante. De no atenderse estos reclamos, las organizaciones solicitaron que la medida no sea aprobada.

Durante una conferencia de prensa, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, Kilómetro Cero, Amnistía Internacional de Puerto Rico y Comuna Caribe presentaron un análisis jurídico de las enmiendas aprobadas por el Senado, que advierte sobre la eliminación de salvaguardas esenciales para proteger a estudiantes frente a intervenciones de las autoridades federales de inmigración en las escuelas públicas del país.

El proyecto, según radicado originalmente, procuraba establecer mayores garantías para la niñez inmigrante, independientemente de su estatus migratorio, mediante restricciones a las intervenciones migratorias en los planteles escolares y mecanismos de protección de información personal y confidencial. Sin embargo, las enmiendas introducidas durante el trámite legislativo alteraron sustancialmente su alcance y generaron disposiciones ambiguas que podrían facilitar las mismas intervenciones que la medida pretendía prevenir.

“La Cámara de Representantes tiene la responsabilidad de corregir las enmiendas introducidas en el Senado, restituir garantías originales y abrir un proceso de vistas públicas que permita escuchar y evaluar las consecuencias de esta medida, para que su implementación sea verdaderamente efectiva”, anotó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, durante una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara 1062 fue radicado el 6 de febrero de 2026, por la senadora Nitza Morán Trinidad y la coautoría de otros senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP). Las organizaciones reiteraron el apoyo a la medida original, que fue referida a la Comisión de Gobierno y la de Educación, Arte y Cultura. A finales de octubre, las comisiones presentaron un informe conjunto con enmiendas, que desvirtuaron el propósito de la medida y que, sin lugar a dudas, facilitaba la entrada de agentes de inmigración a los planteles escolares. La ACLU de Puerto Rico divulgó su análisis a esas enmiendas el jueves, antes de que la medida se llevara votación en el Senado, sin vistas públicas.

Previo a llevarse a votación, se eliminó una de las enmiendas más problemáticas, que habría paso a intervenciones solo con una “orden administrativa u otro documento”. No obstante, aunque se estableció el requisito de una orden judicial, el texto perdió fuerza, claridad y consistencia, incluyendo la consideración de órdenes administrativos en otros escenarios, la ejecución de salvaguardas solo de manera opcional y la proyección errónea de que no es posible implementar protecciones locales frente a agentes federales.

Eliminación de protecciones y ambigüedad sobre las órdenes judiciales

Uno de los cambios más preocupantes se encuentra en el artículo 7(a), cuyas enmiendas eliminaron los requisitos específicos que originalmente debía cumplir una orden judicial para intervenir con estudiantes. El texto inicial exigía que la orden fuera emitida por un tribunal competente, estuviera firmada por un juez e identificara al estudiante y la justificación legal de la intervención. Sin embargo, la versión aprobada por el Senado se limita a requerir que el personal escolar solicite la presentación de cualquier orden judicial y verifique su alcance y vigencia, sin conservar los criterios detallados que ofrecían mayor claridad y protección.

Resulta particularmente preocupante la disposición que establece que una orden administrativa no constituirá, por sí sola, autorización para acceder a espacios no públicos de una institución escolar, abriendo paso a una distinción ambigua sobre espacios públicos o privados en un plantel escolar. Esta ambigüedad resulta especialmente peligrosa porque una escuela pública no constituye un espacio de libre acceso. Sus instalaciones están sujetas a controles y restricciones dirigidos a garantizar la seguridad y privacidad de la comunidad escolar. Además, una orden administrativa emitida por una agencia migratoria no equivale a una orden judicial firmada por un juez.

Las organizaciones advirtieron que esta redacción no establece una prohibición categórica del uso de órdenes administrativas para justificar el acceso a los planteles escolares. Por el contrario, al circunscribir la limitación a determinados espacios no públicos y supuestos jurídicos, deja abierta la posibilidad de que las autoridades federales invoquen una orden administrativa para acceder a áreas consideradas públicas o donde no se exija autorización judicial.

“Resulta profundamente indignante que, mientras nuestras comunidades inmigrantes enfrentan una escalada de persecución y violencia por parte del ICE, y cuando el pueblo estadounidense ha exhibido su rechazo contundente a las políticas violentas y antiinmigrantes, nuestro Senado opte por aprobar una medida que debilita las protecciones que originalmente pretendían garantizarse. Puerto Rico no puede subordinar la dignidad y los derechos humanos de nuestras comunidades inmigrantes, que son parte integral de este país, a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump”, subrayó Mari Mai Narvaez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.

Protecciones debilitadas para estudiantes, familias y personal escolar

El análisis -liderado por la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública de la ACLU de Puerto Rico- también identificó la eliminación, en el artículo 6, del requisito de asesoría legal previa a la divulgación de información estudiantil, lo que debilita un mecanismo fundamental para prevenir la entrega indebida de datos personales y confidenciales.

“Ningún estudiante debería temer que acudir a clases pueda exponerlo a una detención o a la separación de su familia”, sostuvo Escudero Rodríguez.

Por otra parte, en los artículos 7 y 8, el proyecto original establecía mecanismos claros de protección como la notificación a madres, padres o tutores, el acompañamiento del estudiante y la consulta al Departamento de Justicia para verificar los fundamentos legales de una intervención.

Pero el lenguaje utilizado en el texto aprobado sugiere que dichas garantías podrían tener como propósito interferir con una intervención, cuando su verdadera finalidad es proteger los derechos del estudiantado, garantizar la comunicación con sus familias y verificar la legalidad de las actuaciones de las autoridades. Sobre la consulta a Justicia, el texto aprobado utiliza términos como “podrá”, eliminando la exigencia de ese paso.

Las organizaciones advirtieron que estas limitaciones podrían convertir las salvaguardas en trámites proforma o sin efectividad real, al impedir que el personal escolar cuente con el tiempo y la orientación necesarios para verificar los fundamentos legales de una intervención y proteger los derechos del estudiantado.

Además, la versión enmendada no conserva una prohibición expresa de intervenciones en los salones de clases y deja abierta la posibilidad de actuaciones durante el horario escolar. Estas modificaciones podrían reducir incluso las protecciones contempladas en el protocolo adoptado por el Departamento de Educación en febrero de 2025.

“Las escuelas deben ser espacios seguros para aprender, no escenarios de persecución migratoria. El lenguaje aprobado por el Senado crea incertidumbre sobre las facultades del ICE y las obligaciones del personal escolar, precisamente cuando la ley debería establecer límites claros y protecciones inequívocas”, sostuvo Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico.

El derecho a la educación no depende del estatus migratorio

Las organizaciones recordaron, además, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció en Plyler v. Doe (1982) el derecho de la niñez a acceder a la educación pública primaria y secundaria independientemente de su estatus migratorio. Asimismo, las protecciones constitucionales contra registros y allanamientos irrazonables, el debido proceso de ley y el derecho a la intimidad continúan vigentes, independientemente de los cambios en las políticas federales de inmigración.

Asimismo, advirtieron que la presencia o amenaza de intervenciones migratorias en las escuelas puede provocar miedo, ausentismo y abandono escolar, además de desalentar a las familias inmigrantes de acceder a servicios esenciales. Este escenario ha sido documentado en Puerto Rico.

Durante la conferencia de prensa, también estuvieron presentes la licenciada Yarima González, miembro de la Comisión de Inmigración del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Miguel Rivera, vicepresidente de la Federación de Maestros; Eva Ayala, presidenta de Educamos; y Susan Rivera Miranda, de la organización Únete.

La ACLU de Puerto Rico sometió el análisis este viernes ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, con el endoso de las organizaciones que integran la campaña Migrar Es un Derecho. El grupo reiteró que la Cámara tiene la oportunidad y la responsabilidad de evitar que una legislación concebida para proteger a la niñez inmigrante termine debilitando sus derechos.