Derechos de Inmigrantes

El inmigrante dominicano fue detenido por las autoridades federales en enero, con la colaboración de la Policía Municipal de Carolina

ACLU de Puerto Rico celebra que continúe junto a su familia, pero denuncia como excesiva la fianza de $5,000 impuesta por el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza

La jueza María Antongiorgi Jordán también ordenó que se celebre una vista de fianza en o antes del 21 de julio, luego de que un juez de inmigración se negara a corroborar evidencia disponible en el expediente del gobierno

La corte de inmigración ignoró advertencias de la jueza federal María Antongiorgi Jordán, quien emitió una orden impidiendo el traslado de la mujer luego que la ACLU de Puerto Rico presentara un recurso legal urgente

Esta petición de habeas corpus de emergencia solicita la liberación inmediata de Jose Ignacio Cambero Maldonado, quien fue detenido el 25 de junio de 2026 durante un operativo agresivo de varios vehículos en Puerto Rico, ejecutado por más de cinco personas enmascaradas y sin una orden local de intervención de tránsito. La petición sostiene que la intervención fue motivada por perfilamiento racial y forma parte de un patrón más amplio de prácticas prohibidas por la Constitución. El Sr. Cambero Maldonado ha vivido de manera continua en Estados Unidos desde el 30 de septiembre de 2021, junto a su esposa ciudadana estadounidense y su hija ciudadana estadounidense de casi dos años. Además, ha cumplido con los pasos requeridos para regularizar su estatus migratorio, incluyendo la presentación y el pago de los formularios I-130 e I-601A ante USCIS. La petición argumenta que, al haber seguido el proceso legal, no representar riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, su detención carece de base legal válida. La petición plantea que su detención viola el debido proceso de ley, no responde a ningún propósito gubernamental legítimo, desperdicia recursos públicos y causa un daño emocional, psicológico y económico severo a su familia. Por ello, solicita al tribunal que declare ilegal su detención continua y ordene su liberación inmediata.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, contra el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), para que el gobierno entregue de manera inmediata todos los documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de cerca de 6,000 personas migrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley Núm. 97 de 2013, incluyendo un subpoena alegadamente emitido por una agencia federal. La acción de la ACLU-PR surge luego de que el DTOP se negara a proveer copias de los requerimientos de información emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), así como las evaluaciones legales y la información que fue entregada para cumplir con dichos requerimientos. La respuesta de la agencia se basó en generalidades, sin sustentar legalmente el reclamo de confidencialidad, lo que constituye un incumplimiento de un deber ministerial y una flagrante violación al derecho de acceso a la información pública, un derecho de rango constitucional en Puerto Rico. El pleito se fundamenta en la revelación pública de que el DTOP, entre febrero y marzo de 2025, entregó a agencias federales de inmigración datos personales de sobre cerca de 6,000 conductores con estatus migratorio no regularizado. Posteriormente, el propio gobierno federal confirmó que estos datos están siendo utilizados activamente para identificar inmigrantes, localizarlos, arrestarlos sin orden judicial y deportarlos. La ACLU-PR subrayó que esta acción del gobierno de Puerto Rico se realizó en contravención directa de la propia Ley 97-2013, que ordena al Secretario del DTOP establecer los mecanismos necesarios para que este registro no pueda ser usado para discriminar ni se divulgue la información.

The American Civil Liberties Union (ACLU) of Puerto Rico filed a petition for mandamus in the Court of First Instance in San Juan against the Secretary of the Department of Transportation and Public Works (DTOP), Edwin González Montalvo, and the Commonwealth of Puerto Rico, seeking the immediate release of all documents related to the transfer of confidential information concerning nearly 6,000 migrants who obtained driver’s licenses under Act No. 97 of 2013, including a subpoena allegedly issued by a federal agency. The ACLU-PR’s action comes after DTOP refused to provide copies of information requests issued by the Department of Homeland Security (DHS) and agencies such as U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), as well as the legal assessments and the information that was turned over in response to those requests. The agency’s response relied on generalities, without legally substantiating its claim of confidentiality, which constitutes a failure to perform a ministerial duty and a flagrant violation of the right of access to public information, a constitutional right in Puerto Rico. The lawsuit is based on the public disclosure that, between February and March 2025, DTOP turned over personal data on nearly 6,000 drivers with unregularized immigration status to federal immigration agencies. The federal government later confirmed that these data are being actively used to identify immigrants, locate them, arrest them without a warrant, and deport them. The ACLU-PR underscored that this action by the government of Puerto Rico was carried out in direct contravention of Act 97-2013 itself, which requires the Secretary of DTOP to establish the necessary mechanisms to ensure that this registry cannot be used to discriminate and that the information is not disclosed.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de habeas corpus en la que sostiene que la detención de Ernesto José Cruz Tejada es ilegal porque fue procesado para una expulsión expedita a pesar de que llevaba más de dos décadas viviendo de forma continua en Puerto Rico y Estados Unidos, tenía una petición familiar I-130 aprobada presentada por su madre residente legal permanente y, según el recurso, no encaja en las categorías de detención obligatoria. El recurso plantea que su encarcelamiento viola el debido proceso, que no se le dio una audiencia de fianza a la que tendría derecho y que existe un riesgo inminente de que sea transferido fuera de Puerto Rico, lo que afectaría su acceso a abogados y agravaría el impacto sobre su madre, de 68 años, cuya salud es delicada y de quien él es cuidador principal. La denuncia describe que el arresto ocurrió el 7 de marzo de 2026 en Barrio Obrero, en San Juan, cuando Cruz Tejada iba camino al mercado para comprar desayuno para su madre enferma. La petición además denuncia que la intervención estuvo motivada racialmente, que las autoridades no corroboraron desde cuándo residía de manera continua en Puerto Rico antes de tramitarle la expulsión expedita, y que su arresto y detención se dieron sin una base legal válida ni consideración adecuada de alternativas menos restrictivas.