En el Día de los Veteranos, ACLU de Puerto Rico reclama justicia para Daniel Maldonado Díaz, asesinado durante intervención policial

San Juan, P.R. – En el marco del Día de los Veteranos, el Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) reiteró su reclamo de justicia para Daniel Maldonado Díaz, un veterano de 42 años del Ejército de Estados Unidos que murió tras recibir un disparo de un agente de la Policía de Puerto Rico mientras atravesaba una crisis emocional en su residencia en Utuado.

Como parte de este reclamo, la organización divulgó un video con el testimonio de Nilda Margarita Díaz Huertas, madre de Daniel, quien presenció la muerte de su hijo el 26 de mayo de 2025. Su testimonio expone el impacto de la violencia policial sobre las familias y la necesidad de garantizar que las intervenciones durante crisis emocionales respeten la vida, la dignidad humana y los derechos constitucionales. Cuando la persona en crisis es un veterano, la Policía está obligada a cumplir con la Orden General 628, que establece el protocolo a seguir por los agentes. En este caso, dicho protocolo no se cumplió.

“El mismo balazo que le metió al hijo mío en el corazón, me lo dio a mí. Así mismo mató mi corazón”, manifestó Nilda en el testimonio divulgado por la ACLU de Puerto Rico.

En mayo de 2026, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Daniel y el Día de la Recordación, la ACLU de Puerto Rico presentó una demanda por violación de derechos civiles y daños y perjuicios en representación de su madre y su hermana, Carmen Jarmín Maldonado Díaz. El caso se encuentra actualmente en la etapa de descubrimiento de pruebas, durante la cual las partes recopilan e intercambian evidencia relacionada con los hechos y las violaciones de derechos.

Daniel murió el 26 de mayo de 2025, cuando el sargento Julio C. Nieves Rosado le disparó en el pecho durante una intervención policial en su residencia, ubicada en la barriada Nueva de Utuado. La demanda sostiene que los agentes no intentaron establecer un diálogo con el veterano antes de que se utilizara fuerza mortal. La familia sostiene que Daniel no estaba armado ni ofreció resistencia cuando recibió el disparo, en presencia de su hermana.

El Día de los Veteranos también debe servir para reconocer que quienes han prestado servicio militar conservan plenamente sus derechos civiles y constitucionales. En Puerto Rico, los veteranos tienen derecho a recibir un trato digno, a acceder a servicios adecuados de salud física y mental y a estar protegidos contra el uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades. Una crisis emocional no elimina esas protecciones.

“Durante generaciones, miles de personas puertorriqueñas han participado en conflictos bélicos con consecuencias físicas y emocionales que perduran mucho después de regresar a sus hogares. Más allá del reconocimiento a los veteranos en una fecha en el calendario, el Estado tiene la responsabilidad de garantizarles acceso a servicios de salud física y mental, proteger su dignidad y respetar plenamente sus derechos civiles y constitucionales”, sostuvo la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

La demanda presentada por la ACLU de Puerto Rico sostiene que la actuación policial vulneró derechos protegidos por la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de Estados Unidos y la legislación federal de derechos civiles. Entre los demandados figuran, en sus capacidades oficial y personal, el comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, y el sargento Nieves Rosado.

Además de reclamar daños compensatorios y punitivos, el recurso solicita al tribunal ordenar al Gobierno de Puerto Rico y a la Policía cumplir con las órdenes generales de la Reforma de la Policía y crear un grupo interdisciplinario con personal adiestrado para atender crisis emocionales.

“Es inadmisible que un veterano que atraviesa una crisis emocional encuentre una respuesta de fuerza mortal por parte de las autoridades que tienen el deber de proteger su vida. Daniel Maldonado Díaz merecía atención y protección, no un disparo en el pecho. Su familia merece justicia y Puerto Rico necesita respuestas y cambios concretos para evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse”, manifestó, por su parte, el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

La organización ha advertido reiteradamente sobre las consecuencias de responder a situaciones de crisis emocional mediante intervenciones policiales que recurren innecesariamente a la fuerza. El caso de Daniel se suma a otros incidentes que han levantado cuestionamientos sobre los protocolos, el adiestramiento y la rendición de cuentas de la Policía de Puerto Rico.