Recursos legales gratuitos o de bajo costo en Puerto Rico

Since its founding, the ACLU of Puerto Rico has been at the forefront of landmark legal battles defending civil rights and liberties across the archipelago. Our legal team challenges systemic injustice through strategic litigation that protects free expression, due process, equality, and government accountability. From fighting police brutality and defending the rights of incarcerated people to advancing reproductive freedom and immigrants’ rights, we work to ensure that justice in Puerto Rico is accessible, equitable, and enduring.

Alvin Marrero-Méndez v. Héctor Pesquera, et al. (Caso No. 13-cv-01203-JAG) es una demanda civil presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico. La queja alega que el demandante, Alvin Marrero-Méndez, quien es un agente de policía, sufrió discriminación y represalias por parte de sus supervisores debido a sus creencias religiosas, o la falta de ellas. La demanda sostiene que los supervisores lo sometieron a oraciones oficiales obligatorias y a un proselitismo no deseado. Cuando Marrero-Méndez se opuso a estas prácticas, fue humillado públicamente, se le desarmó, se le asignaron tareas de menor rango, como lavar autos, y se le negaron días libres. La queja busca compensación por daños y una orden judicial para detener estas prácticas y restaurar las responsabilidades laborales del demandante.

El caso Comité Diálogo Ambiental v. FEMA se centra en la exigencia de que los fondos de recuperación de desastres sean utilizados para transformar el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico a un modelo basado en energía solar. La demanda argumenta que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otras agencias de Estados Unidos tienen la obligación de respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico, expresada a través de su legislatura, y promover el desarrollo económico de la isla. El fundamento legal invocado incluye el Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, destacando la necesidad de que las acciones federales se alineen con los intereses de la población puertorriqueña.

Belia Arlene Ocasio y Efraín Colón Damiani v. Comisión Estatal de Elecciones (CEE), et als. (Civil Action No. 3:20-cv-01432-PAD) fue una demanda presentada por la ACLU y un bufete de abogados de Nueva York para permitir a los ciudadanos mayores de 60 años de Puerto Rico votar por correo o anticipadamente debido a la pandemia de COVID-19. Los demandantes argumentaron que las políticas de la CEE los obligaban a elegir entre su derecho a votar y su salud, dado el riesgo de la pandemia. La demanda alegaba que la falta de la CEE para permitir el voto anticipado o por correo para los ancianos era una carga indebida para el derecho a votar, en violación de las Enmiendas Primera y Decimocuarta de la Constitución de los EE. UU. Un Tribunal de Distrito ordenó a la CEE que permitiera el voto por correo a las personas de 65 años o más. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentó una moción de reconsideración y el caso está pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.