Juez de inmigración concede fianza al inmigrante Joan Alberto tras semanas de detención en Puerto Rico

San Juan, P.R. - Un juez de inmigración concedió este jueves una fianza al inmigrante dominicano Joan Alberto Zorrilla Lora, una determinación que representa un avance importante frente a una detención que nunca debió ocurrir. La determinación ocurre después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentara una petición urgente de Habeas Corpus para detener el traslado de Zorrilla Lora fuera de la jurisdicción local y exigir que se celebrara la vista de fianza, un proceso al que tenía derecho.

“La fianza concedida hoy es un paso importante, pero no corrige la injusticia de haber separado a Joan Alberto de su familia durante semanas, en medio de un proceso migratorio activo y cuando su esposa está a punto de dar a luz. Lo ocurrido en este caso no puede repetirse en Puerto Rico”, anotó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

Este caso también expone la colaboración voluntaria de autoridades municipales con la maquinaria federal de detención migratoria. Existe evidencia que demuestra que la Policía Municipal de Carolina tuvo un rol directo en los eventos que condujeron a la detención de Zorrilla Lora por autoridades federales. Esa intervención evidencia una colaboración voluntaria del Municipio con funciones de control migratorio, aun sin existir un acuerdo 287(g) que delegue ese tipo de autoridad.

“Ningún municipio debe colaborar voluntariamente en funciones de control migratorio que desvían recursos públicos, erosionan la confianza comunitaria y terminan facilitando la separación de familias. Este caso no solo trata sobre Joan Alberto. Esto también nos debe llevar a reflexionar sobre el tipo de país y de instituciones que queremos y que estamos dispuestos a tolerar”, subrayó la licenciada Charito García Miranda, abogada de Zorrilla Lora y directora de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR). "Este tipo de acciones, quebranta la confianza en nuestros servidores públicos y socava las estructuras del estado llamadas a proteger, es una situación peligrosa", sostuvo.

La detención de Joan Alberto se desencadenó a partir de una intervención de tránsito ocurrida el 8 de enero de 2026 por alegadas violaciones a una ordenanza municipal, durante la cual un agente de la Policía Municipal de Carolina tuvo acceso a su licencia de conducir de Puerto Rico y realizó una llamada a oficiales de Border Patrol que lo puso en el radar de las autoridades migratorias. Luego, ese mismo agente cambió de hora la cita municipal pautada para el 15 de enero. Cuando Joan Alberto llegó a la estación de la Policía Municipal de Carolina, fue arrestado allí mismo por agentes de Border Patrol y posteriormente trasladado a la estación de CBP en la Base Ramey, en Aguadilla, donde quedó bajo custodia migratoria.

"La participación de la Policía Municipal de Carolina en este proceso es inaceptable. Los cuerpos de policía municipal no están para servir de brazo operativo de ICE ni de otras agencias federales de inmigración. Desviar recursos, tiempo y personal municipal hacia ese tipo de colaboración trastoca las funciones legítimas de la policía local y representa un uso cuestionable de fondos públicos", anotó Arraiza Navas.

La fianza impuesta para Zorrilla Lora fue de $5,000, a pesar de que no existe ningún tipo de riesgo de fuga y de que no representa ningún riesgo para la comunidad. Joan Alberto está casado con una ciudadana estadounidense, tiene una petición I-130 aprobada (solicitud que presenta un familiar ciudadano o residente permanente para que el gobierno de Estados Unidos reconozca oficialmente la relación familiar con una persona inmigrante y se inicie un proceso de regularización de estatus) y una solicitud de perdón I-601A pendiente, es padre de un menor ciudadano estadounidense y su esposa se encuentra en la etapa final de su embarazo. La salida bajo fianza le permitirá a Zorrilla Lora estar presente en el parto de su esposa, que está previsto que ocurra en cualquier momento en los próximos días. Lejos de representar un peligro o un riesgo de fuga, su caso refleja vínculos familiares profundos, arraigo en Puerto Rico y un claro interés en continuar su proceso migratorio por las vías legales correspondientes.

La detención de Zorrilla Lora debe analizarse además dentro del contexto legal más amplio que ha venido reafirmando que personas en su situación no pueden ser sometidas arbitrariamente a encarcelamiento sin acceso a una evaluación individualizada de su libertad. Joan Alberto forma parte de la clase protegida en el caso Maldonado Bautista, una decisión reciente que resulta fundamental para entender por qué su detención no debía tratarse como una de carácter mandatorio y por qué tenía derecho a una evaluación de fianza ante un juez de inmigración.

En Maldonado Bautista v. DHS, el tribunal federal del Distrito Central de California emitió sentencia final el 18 de diciembre de 2025 declarando que los miembros de la clase protegida están detenidos bajo detención no mandatoria y que tienen derecho a ser considerados para libertad bajo fianza y, de ser necesario, a una vista de fianza ante un juez de inmigración. Más recientemente, el 18 de febrero de 2026, ese mismo tribunal concedió una moción para hacer cumplir su sentencia, lo que dejó sin efecto la decisión administrativa en Matter of Yajure Hurtado, que había sido utilizada para negar vistas de fianza a muchas personas detenidas.