Derechos de Inmigrantes

Los inmigrantes son una parte esencial de las comunidades, las familias y la fuerza laboral de Puerto Rico. Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, merecen ser tratadas con dignidad, justicia y respeto.

La ACLU de Puerto Rico trabaja para defender los derechos de los inmigrantes desafiando las políticas discriminatorias, oponiéndose a los abusos de las autoridades gubernamentales y abogando por el debido proceso y la igualdad ante la ley. Luchamos para garantizar que los inmigrantes puedan vivir, trabajar y acceder a servicios esenciales sin temor.

Los derechos de los inmigrantes son derechos humanos. Estamos comprometidos con la protección de las libertades civiles de todas las personas en Puerto Rico.

Immigrant Rights

Lo que necesitas saber

85,000+

Trabajadores migrantes y sus familias viven en Puerto Rico, contribuyendo a la economía y la vida comunitaria del archipiélago.

6,000

Casi 6,000 personas inmigrantes sin estatus migratorio definido obtuvieron licencias en Puerto Rico, pero el gobierno puso esa protección en riesgo al compartir sus datos con autoridades federales de inmigración.

78 municipios, 2 protecciones

Solo dos de los 78 municipios de Puerto Rico han adoptado ordenanzas locales que limitan la cooperación policial con las autoridades federales de inmigración.

Ayude a proteger a las familias inmigrantes en Puerto Rico

La ACLU de Puerto Rico lucha para detener el perfilamiento racial, proteger el acceso a servicios esenciales y garantizar que nadie viva con miedo debido a su estatus migratorio. Puedes ayudar tomando acción sobre el Proyecto de la Cámara 331, compartiendo nuestra campaña o apoyando nuestro trabajo para hacer de Puerto Rico un lugar donde todas se sientan parte.

Temas clave

La ACLU de Puerto Rico denuncia las prácticas discriminatorias y aboga por políticas que promuevan la inclusión, la equidad y la rendición de cuentas. Proteger los derechos de los inmigrantes fortalece a comunidades enteras y reafirma el compromiso de Puerto Rico con los derechos humanos.

Nuestro trabajo en materia de derechos de los inmigrantes combina litigios, reforma de políticas y educación pública para garantizar que toda persona, independientemente de su lugar de nacimiento, pueda vivir segura, trabajar libremente y buscar justicia en Puerto Rico.

Colaboración de la Policía: Las fuerzas del orden estatales y municipales suelen cooperar con las agencias federales de inmigración, lo que genera temor y desconfianza en las comunidades inmigrantes.

Acceso a servicios: Muchos inmigrantes evitan escuelas, hospitales y albergues por temor a ser detenidos o deportados.

Explotación laboral: Los trabajadores migrantes, especialmente en la agricultura y la construcción, enfrentan condiciones laborales inseguras y robo de salarios.

Separación familiar: Las detenciones y las deportaciones destrozan a las familias y violan los derechos humanos fundamentales.

Más de 200 personas formaron la frase "Migrar es un derecho" en el Balneario de Carolina, Puerto Rico, en defensa de las personas inmigrantes que viven en el archipiélago.

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Migrar no es un crimen: dignidad y seguridad para todas las personas

Cada persona merece sentirse segura en su escuela, en su hospital, en su iglesia o en su comunidad. Esta campaña apoya la creación de la Ley para la Protección de Lugares Sensibles y Regulación de Interacciones con Autoridades Federales de Inmigración, un proyecto impulsado por la ACLU de Puerto Rico. La medida busca prohibir intervenciones sin orden judicial, proteger la confidencialidad y evitar la discriminación por estatus migratorio, garantizando que nuestros lugares más esenciales sigan siendo espacios de cuidado, no de miedo.
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Feb 2026

Protección municipal: por la dignidad y los derechos de todas las personas

Cada municipio de Puerto Rico tiene la capacidad y la responsabilidad de proteger a todas las personas que viven en su territorio. Esta campaña promueve la adopción de ordenanzas municipales de protección comunitaria, una herramienta legal que prohíbe el uso de fondos, recursos o personal municipal para implementar las leyes federales de inmigración. Estas ordenanzas no violan ninguna ley federal ni impiden que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cumpla con sus funciones. Lo que hacen es garantizar que los municipios no sean obligados a participar en la maquinaria de deportación, preservando sus recursos para prioridades locales como la seguridad, la salud y el bienestar de sus residentes. Los tribunales federales han sido claros: los gobiernos locales no están obligados a cooperar con ICE. El artículo 1373 del Código Federal —a menudo malinterpretado— no impone sanciones ni obliga a compartir información más allá del estatus migratorio, ni convierte en delito la falta de colaboración. Por tanto, las protecciones municipales son legales, legítimas y necesarias para promover comunidades más seguras y humanas. Cuando las personas confían en sus autoridades locales, están más dispuestas a denunciar delitos, buscar ayuda médica y participar en la vida cívica. La protección municipal es, en esencia, una política de seguridad pública, justicia y respeto humano.