Derechos de Inmigrantes

El inmigrante dominicano fue detenido por las autoridades federales en enero, con la colaboración de la Policía Municipal de Carolina

Las organizaciones a cargo de la campaña “Migrar es un derecho” colocaron un letrero en la Playa Puerto Hermina, a modo de recordación e invitación a la solidaridad con quienes migran

La organización alertó que policías municipales han actuado como agentes migratorios de facto, sin autoridad legal y con graves consecuencias para comunidades inmigrantes

The organization warned that municipal police officers have acted as de facto immigration agents, without legal authority and with serious consequences for immigrant communities

Cada persona merece sentirse segura en su escuela, en su hospital, en su iglesia o en su comunidad. Esta campaña apoya la creación de la Ley para la Protección de Lugares Sensibles y Regulación de Interacciones con Autoridades Federales de Inmigración, un proyecto impulsado por la ACLU de Puerto Rico. La medida busca prohibir intervenciones sin orden judicial, proteger la confidencialidad y evitar la discriminación por estatus migratorio, garantizando que nuestros lugares más esenciales sigan siendo espacios de cuidado, no de miedo.

Cada municipio de Puerto Rico tiene la capacidad y la responsabilidad de proteger a todas las personas que viven en su territorio. Esta campaña promueve la adopción de ordenanzas municipales de protección comunitaria, una herramienta legal que prohíbe el uso de fondos, recursos o personal municipal para implementar las leyes federales de inmigración. Estas ordenanzas no violan ninguna ley federal ni impiden que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cumpla con sus funciones. Lo que hacen es garantizar que los municipios no sean obligados a participar en la maquinaria de deportación, preservando sus recursos para prioridades locales como la seguridad, la salud y el bienestar de sus residentes. Los tribunales federales han sido claros: los gobiernos locales no están obligados a cooperar con ICE. El artículo 1373 del Código Federal —a menudo malinterpretado— no impone sanciones ni obliga a compartir información más allá del estatus migratorio, ni convierte en delito la falta de colaboración. Por tanto, las protecciones municipales son legales, legítimas y necesarias para promover comunidades más seguras y humanas. Cuando las personas confían en sus autoridades locales, están más dispuestas a denunciar delitos, buscar ayuda médica y participar en la vida cívica. La protección municipal es, en esencia, una política de seguridad pública, justicia y respeto humano.