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San Juan, P.R. - La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, inglés) de Puerto Rico denunció que en el archipiélago se han documentado prácticas ilegales, discriminatorias y peligrosas de colaboración entre policías locales y autoridades federales de inmigración, durante una vista congresional paralela (shadow hearing) sobre el uso de agencias estatales y locales por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).
"La policía local, especialmente la municipal, ha actuado repetidamente como agentes de inmigración de facto. Esta práctica es ilegal, discriminatoria y sumamente peligrosa", advirtió la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública de la organización.
En su ponencia escrita, la ACLU de Puerto Rico mostró evidencia de casos en los que policías municipales han actuado como agentes migratorios, refiriendo personas inmigrantes a agencias federales sin orden judicial, sin autoridad legal y sin los protocolos necesarios para proteger derechos fundamentales. Esto ocurre incluso sin que existan acuerdos formales bajo el programa 287(g), que permite al ICE delegar ciertas funciones de aplicación de leyes migratorias federales a agencias estatales o locales.
“Las acciones de policías locales que asumen funciones migratorias abren la puerta al perfilamiento racial, a detenciones arbitrarias, a la separación de familias y a la erosión de la confianza pública en las autoridades llamadas a proteger a nuestras comunidades”, subrayó, por su parte, la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
El impacto de este asunto va mucho más allá de las personas detenidas, pues provoca que comunidades enteras teman conducir, trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, acudir a servicios de salud, denunciar delitos o participar en la vida pública.
En la mira colaboración indebida de policías municipales
Como ejemplo de estas prácticas, la ACLU de Puerto Rico destacó el caso de Joan Alberto Zorrilla, inmigrante dominicano detenido luego de una intervención de la Policía Municipal de Carolina el 8 de enero de 2026. En ese caso, un agente municipal lo intervino por alegadas violaciones a una ordenanza municipal, accedió a la información de su licencia de conducir de Puerto Rico y, sin base legal, contactó a la Patrulla Fronteriza.
La organización denunció además que el mismo agente municipal cambió la fecha de una cita administrativa de Zorrilla en el cuartel municipal. Cuando este acudió a lo que entendía era una gestión ordinaria, agentes de la Patrulla Fronteriza lo esperaban en el lugar, lo arrestaron y lo trasladaron a la estación de CBP en la Base Ramey, en Aguadilla.
“Esto no fue debido proceso, sino una trampa coordinada por un agente local que actuó fuera de los límites de su autoridad. El caso de Joan Alberto Zorrilla es un síntoma de un problema sistémico”, sostuvo Escudero Rodríguez.
La ACLU de Puerto Rico se opone a cualquier colaboración, incluyendo bajo el programa federal 287(g). Un informe publicado por la ACLU en febrero detalla cómo la administración Trump está expandiendo drásticamente dicho programa para transformar las fuerzas del orden estatales y locales en una fuerza policial de deportación, lo que fomenta el perfilamiento racial, las violaciones de los derechos civiles y el temor generalizado en las comunidades.
La organización también recordó el caso de Aracelys Terrero Mota, inmigrante dominicana residente en Puerto Rico, con permiso de trabajo aprobado y protegida como sobreviviente de violencia de género bajo la Ley federal VAWA. El 25 de mayo de 2025, Terrero Mota fue intervenida por un agente municipal y detenida por agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza en Cabo Rojo, a pesar de haber presentado documentación migratoria vigente. El agente municipal que realizó el referido no tenía orden judicial ni autoridad legal para entregarla a autoridades migratorias.
La organización advirtió que estas colaboraciones entre policías locales, ICE y la Patrulla Fronteriza pueden implicar violaciones constitucionales, incluyendo perfilamiento racial, detenciones irrazonables, discriminación, vigilancia indebida y debilitamiento de protecciones locales. Además, citó jurisprudencia federal que reconoce la responsabilidad civil de los municipios por violaciones de derechos cometidas por sus agentes, incluyendo los precedentes de Monroe v. Pape y Monell v. Department of Social Services of the City of New York.
La organización urgió al Congreso y a las agencias federales a poner fin al programa 287(g) y a sus equivalentes informales, investigar el uso indebido de policías locales en Puerto Rico para fines migratorios, garantizar el respeto al debido proceso y establecer mecanismos de supervisión que impidan colaboraciones fuera de los cauces legales.
Puedes encontrar la vista congresional paralela en vivo a través de este enlace.
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