En el mes del Orgullo, ACLU de Puerto Rico reitera alerta ante amenazas legislativas contra derechos LGBTQ+

San Juan, P.R. - El Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) alertó sobre varias medidas legislativas que se mantienen activas y que atentan o pueden atentar contra derechos de las personas LGBTQ+ en Puerto Rico, en medio de un avance en la ofensiva federal y estatal que persigue restar o eliminar protecciones.

"Desde la ACLU de Puerto Rico, continuaremos defendiendo y abogando por los derechos de las personas LGBTQ+, y particularmente las personas trans, contra quienes existe una persecución que pretende avanzar tanto desde las administraciones actuales del gobierno federal y el estatal en Puerto Rico, acciones que incluso ponen en riesgo la vida de personas", manifestó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

De cara a la celebración de la marcha de Orgullo este domingo, 7 de junio, en San Juan, la organización hizo un llamado al público a no ser parte de la campaña de desinformación y discrimen impulsada desde frentes que tergiversan hechos y datos para adelantar agendas que se alejan del bienestar general y de los derechos fundamentales que garantiza la Constitución de Puerto Rico para todas las personas.

Actualmente, la ACLU monitorea 530 medidas legislativas en Estados Unidos y nuestro archipiélago, correspondientes a la sesión legislativa de 2026. El público puede monitorear el estatus de las medidas legislativas que impactan derechos de las comunidades LGBTQ+ en nuestro mapa interactivo, que incluye las legislaciones presentadas en Estados Unidos y en Puerto Rico.

En nuestro archipiélago, solamente desde enero de 2025, se han radicado al menos ocho medidas que atentan contra derechos de las comunidades LGBTQ+, de los cuales tres se han convertido en ley. Los cinco proyectos que siguen activos son:

• Proyecto de la Cámara 166: La medida, de la autoría de la representante Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, propone establecer una política discriminatoria contra las mujeres trans bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, particularmente en el contexto del Complejo de Rehabilitación para Mujeres. El proyecto pretende excluir a las mujeres trans de espacios correspondientes a su identidad de género, reforzando un trato desigual hacia una población privada de libertad que ya se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad. La medida abre la puerta a decisiones basadas en prejuicios y no en estándares de derechos humanos. El proyecto continúa activo ante la Comisión de Asuntos de la Mujer.

• Proyecto de la Cámara 164: La medida, de la autoría de la representante Lisie Burgos Muñiz y con la coautoría de ocho representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), busca prohibir que jóvenes trans en escuelas públicas y privadas, así como en instituciones universitarias públicas y privadas, puedan formar parte de los equipos deportivos correspondientes a su identidad de género. De aprobarse, el proyecto impondría una exclusión discriminatoria contra estudiantes trans, limitando su participación plena en espacios educativos y deportivos, y enviando un mensaje institucional de rechazo hacia una población que ya enfrenta altos niveles de estigma, violencia y vulnerabilidad. La Cámara de Representantes aprobó la medida el 12 de marzo de 2026. En el Senado, se encuentra referida a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes.

• Proyecto de la Cámara 162: El Proyecto de la Cámara 162, de la autoría de la representante Lisie Burgos Muñiz, forma parte de la misma ofensiva que produjo la Ley 63-2025, pero sigue siendo una amenaza porque busca ampliar sus efectos. Además de reforzar la prohibición de tratamientos hormonales, bloqueadores de pubertad y cirugías para jóvenes trans y personas de género diverso menores de 21 años, la medida añade restricciones sobre documentos oficiales, cubiertas de planes médicos y uso de fondos públicos. En la práctica, profundizaría las barreras médicas, legales y administrativas contra jóvenes trans, sus familias y profesionales de la salud. El proyecto continúa referido a las comisiones de Salud y de lo Jurídico.

• Proyecto de la Cámara 185: El Proyecto de la Cámara 185, radicado por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, ordenaría a las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico utilizar únicamente el llamado “sexo biológico” en documentos y comunicaciones oficiales, y prohibir cualquier referencia a la identidad de género. En la práctica, la medida busca borrar administrativamente a las personas trans, no binarias y de género diverso, negando el reconocimiento de sus identidades y exponiéndoles a mayor discrimen en sus interacciones con el Estado. La medida se encuentra ante la Comisión de Gobierno.

• Proyecto de la Cámara 912: El Proyecto de la Cámara 912, de la autoría de la representante Lisie Burgos Muñiz, busca prohibir el uso de lenguaje inclusivo en documentos de agencias, corporaciones públicas, municipios, instrumentalidades, dependencias, la Rama Judicial, la Rama Legislativa y la Universidad de Puerto Rico. Más que una discusión lingüística, la medida pretende imponer una política pública de exclusión simbólica que invisibiliza a personas trans, no binarias y de género diverso en las comunicaciones oficiales del Estado. La medida se encuentra ante la Comisión de Gobierno.

Atención a leyes que amenazan protecciones de las personas LGBTQ+

Del total de ocho medidas, las tres que se han convertido en ley son el Proyecto del Senado 350, hoy Ley 63-2025; el Proyecto del Senado 1, hoy Ley 14-2025; y el Proyecto de la Cámara 165, hoy Ley 26-2026. La ACLU de Puerto Rico se opuso a estas medidas por entender que representan amenazas concretas a derechos fundamentales, abren la puerta al discrimen y afectan de manera particular a las comunidades LGBTQ+ y a otras poblaciones históricamente vulnerabilizadas.

En el caso de la Ley 63-2025, la organización denunció que criminaliza a profesionales de la salud y a madres, padres y encargados al intentar prohibir tratamientos médicos de afirmación de género para personas menores de 21 años, creando dos categorías distintas de hijas e hijos según su identidad de género. Sobre la Ley 14-2025, advirtió que, aunque la libertad religiosa es un derecho fundamental, su aplicación amplia e ilimitada puede utilizarse como subterfugio para negar servicios, acceso a la justicia y otros derechos civiles. Asimismo, la ACLU de Puerto Rico se opuso a la Ley 26-2026, firmada por la gobernadora el 25 de febrero, que impone restricciones discriminatorias en espacios públicos y prohíbe la instalación de baños inclusivos, mixtos o neutros en agencias, dependencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, la Universidad de Puerto Rico y los municipios.

"El hecho de que estas medidas se hayan convertido en ley, no significa que no estemos vigilantes ante sus aplicaciones o que personas afectadas no puedan reclamar sus derechos. Continuamos atentos a los diversos escenarios en los que la ejecución de estas leyes opera o puede operar de manera discriminatoria contra personas LGBTQ+", anotó la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública de la ACLU de Puerto Rico.

A la espera de veredictos en la corte federal

A nivel federal, la ACLU de Puerto Rico compareció en abril como amigo de la corte ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, para defender el derecho de las personas no binarias a obtener certificados de nacimiento que reflejen con precisión su identidad de género, en el caso Ínaru Nadia de la Fuente Díaz v. Jenniffer A. González Colón.

En esta controversia, el gobierno de Puerto Rico busca revertir la determinación del Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico que concluyó que la política actual del Estado Libre Asociado viola el derecho a la igual protección de las leyes al impedir que las personas no binarias obtengan una marca de género “X” en sus certificados de nacimiento.

La ACLU está atenta, además, a la determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso West Virginia v. Becky Pepper-Jackson, una joven trans representada por la organización junto a Lambda Legal y Cooley LLP. Este caso no solo es importante por la exclusión categórica de niñas y mujeres transgénero en los equipos de niñas y mujeres en violación a la Cláusula de Igualdad de Protección y el Título IX. Aquí, el Tribunal podría emitir un fallo mucho más amplio que permita la discriminación en otros contextos y comunidades.

Por eso, aun cuando el número de estudiantes trans en el ámbito deportivo es reducido, coartar su libertad para jugar se ha convertido en un objetivo central para los políticos que pretenden expulsar por completo a las personas transgénero de la vida pública. La esperanza de quienes se oponen a la igualdad es que un fallo de la Corte Suprema en contra de los derechos de jóvenes como Becky les permita discriminar a las personas transgénero en diversos contextos.

Mediante litigios, cabildeo, educación pública y organización, la ACLU trabaja para construir un país donde nuestras comunidades puedan vivir abiertamente sin discriminación y disfrutar de igualdad de derechos, autonomía personal y libertad de expresión y asociación.