Organizaciones nacionales de derechos civiles evidencian disparidades en la respuesta de FEMA en Puerto Rico en un amicus ante el Apelativo en Boston

San Juan, P.R. - Las organizaciones LatinoJustice PRLDEF, Southern Legal Counsel, Inc. y la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLUPR) presentaron un informe de amicus curiae (amigo de la corte) ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito en el caso del Comité Diálogo Ambiental, Inc. contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que evidencia disparidades en la respuesta de la agencia en el archipiélago.

La demanda impugna las evaluaciones ambientales de FEMA para la reconstrucción de la infraestructura energética de Puerto Rico tras los huracanes Irma y María. El informe argumenta que FEMA se basó en una Evaluación Ambiental Programática más breve y en un proceso de revisión ambiental menos detallado, en lugar de realizar el estudio más exhaustivo que exige la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, en inglés). También menciona que esto limita la capacidad de las comunidades puertorriqueñas para participar plenamente en las decisiones que afectarán el medio ambiente, la salud pública, el futuro energético y la recuperación a largo plazo del archipiélago.

"Las comunidades puertorriqueñas siguen viviendo con las consecuencias de las decisiones de recuperación ante desastres tomadas sin transparencia, participación ciudadana ni rendición de cuentas", afirmó Lourdes M. Rosado, presidenta y asesora jurídica general de LatinoJustice PRLDEF. "Las agencias federales no pueden apresurar los esfuerzos de reconstrucción a expensas de la justicia ambiental y de las voces de las comunidades más afectadas. Las decisiones que se tomen definirán el futuro ambiental, económico y de salud pública de Puerto Rico durante generaciones".

El amicus aporta testimonios y una perspectiva nacional y regional basada en datos sobre las consecuencias institucionales de los mecanismos de respuesta a desastres de FEMA. El anexo de investigación incluido en el informe, que fue elaborado por la profesora Nadia B. Ahmad como testigo experta, destaca una disparidad de financiamiento de casi 4:1 que favorece a los contratistas corporativos por encima de la asistencia directa a los hogares afectados. También revela una penalización del 38% en la asistencia por desastre para las comunidades rurales a nivel nacional. Además, demostró la exclusión de los 78 municipios de Puerto Rico de los sistemas de datos del Índice Nacional de Riesgo de FEMA, así como los daños ambientales y de salud pública desproporcionados impuestos a las comunidades de bajos ingresos que viven cerca de la infraestructura de combustibles fósiles en el sureste de Puerto Rico, zona conocida como "la ruta del hambre".

Esto ocurre mientras la red eléctrica de Puerto Rico se prepara para enfrentar otra temporada de huracanes -que comienza el 1 de junio- sin la revisión de resiliencia que las organizaciones solicitan y que responde al mejor interés de las comunidades en el archipiélago.

"FEMA está sacrificando la resiliencia comunitaria a largo plazo en el altar de la eficiencia administrativa", señaló Roberto Cruz, abogado de Southern Legal Counsel, Inc. "Al utilizar atajos procesales para acelerar la asignación de 12 mil millones de dólares en la reconstrucción de una red eléctrica obsoleta, centralizada y basada en combustibles fósiles, el gobierno ha elegido la aceleración burocrática en lugar de un futuro energético sostenible. El verdadero interés público exige una Declaración de Impacto Ambiental exhaustiva, no una evasión impuesta por el Estado", sostuvo.

Cruz subrayó que, como demuestran crudamente los datos empíricos de la profesora Ahmad, cuando el gobierno prioriza la conveniencia administrativa, se silencia la participación de las comunidades y los fondos de recuperación se canalizan directamente a contratistas corporativos en lugar de a los hogares vulnerables. "El pueblo de Puerto Rico y de los Estados Unidos merece un proceso transparente que rechace los parches rápidos, adopte los datos impulsados por la comunidad y respete el derecho inherente del pueblo a la autodeterminación en su transición hacia una energía renovable, limpia y descentralizada", planteó el abogado.

Las organizaciones también argumentaron que la continua inversión de FEMA en infraestructura de combustibles fósiles va en contra de las metas de energía limpia de Puerto Rico. El informe advierte que si se permite que FEMA evite una revisión ambiental completa en Puerto Rico, se podría establecer un precedente a nivel nacional que permitiría a las agencias federales avanzar con proyectos de recuperación de desastres de gran envergadura sin considerar plenamente el impacto en las comunidades vulnerables.

“No existe duda del impacto negativo que ha tenido sobre las comunidades en Puerto Rico, el uso de sistemas energéticos basados en combustibles fósiles que han impactado la salud de las personas, el medioambiente y el desarrollo económico de Puerto Rico. El uso de energía renovable no es solo la política pública vigente en el archipiélago, sino que existe evidencia clara de que esa es la dirección que mejor responde a los intereses y bienestar de las personas que residen en Puerto Rico", manifestó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

Las organizaciones instaron al Tribunal a ratificar el fallo del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, que exige a FEMA realizar una Declaración de Impacto Ambiental completa antes de proceder con decisiones de reconstrucción de gran envergadura que afecten la red energética de Puerto Rico.

Puedes encontrar y descargar el amicus brief en este enlace.