San Juan, P.R. - El inmigrante mexicano Sandro González Domínguez podrá reunirse con su familia en Puerto Rico y regresar a su comunidad en libertad bajo fianza, tras una vista este jueves en la Corte de Inmigración en Guaynabo. La fianza de $7,500 fue impuesta por el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza, quien reconoció en sala que González Domínguez no representa ningún riesgo de fuga ni peligro para su comunidad, contrario a lo que intentó establecer el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Dicha vista se llevó a cabo mientras las agencias de inmigración seguían en incumplimiento con el dictamen del juez federal Raúl Arias Marxuach, quien ordenó el miércoles que González Domínguez debía ser traído de vuelta a Puerto Rico.
"Celebramos que Sandro podrá reunirse con su familia en Puerto Rico, que es su hogar. Pero, al mismo tiempo, denunciamos la actitud autoritaria con que las agencias de inmigración siguen comportándose, incluso después de la determinación del juez de inmigración", afirmó el licenciado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico. "Sandro nunca debió haber sido detenido y mucho menos sacado de Puerto Rico", sostuvo Arraiza.
González Domínguez fue sacado de la jurisdicción local mientras el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico atendía un recurso de habeas corpus presentado por el Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en representación del inmigrante mexicano, del que las agencias federales de inmigración tenían conocimiento. Sandro compareció a la vista de fianza mediante videoconferencia, presuntamente desde el Centro de Detención Krome en Miami, Florida. El jueves a media tarde, las agencias de inmigración no habían regresado a González Domínguez al archipiélago.
"Nuevamente vemos cómo las agencias federales de inmigración actúan de modos contrarios a la ley, trasladando a Sandro, impidiendo comunicación con su representación legal y su familia, exponiéndolo a peligros y las violaciones de derechos que ya han sido documentadas en los centros de detención, y ahora retrasando innecesariamente la liberación y encuentro de Sandro con sus seres amados y su comunidad", manifestó la licenciada María "Charito" García, abogada de inmigración de González Domínguez y directora de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
García argumentó en sala y presentó evidencia amplia y contundente que demostraba la falsedad de los planteamientos de ICE sobre presunto riesgo de fuga y peligrosidad para la comunidad. A la vista también asistió un nutrido grupo de familiares, amigos y miembros de comunidad, en apoyo a González Domínguez.
El comerciante lleva 28 años residiendo en Estados Unidos y Puerto Rico, y es codueño de una empresa de restaurantes con ocho establecimientos en el archipiélago, que emplean aproximadamente a 115 personas. Fue detenido por agentes enmascarados del ICE el 26 de septiembre afuera de uno de sus restaurantes.
La ACLU de Puerto Rico presentó el recurso de habeas corpus el 28 de septiembre. Dicho recurso perseguía precisamente impedir el traslado de González Domínguez fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Las agencias de inmigración fueron informadas sobre el caso y tenían conocimiento del proceso. Pese a ello, alrededor de las 4:42 de la tarde el nombre de González Domínguez dejó de aparecer en el Sistema de ICE para la localización de detenidos, que previamente lo ubicaba en San Juan. El juez Arias Marxuach emitió su opinión y orden en respuesta al habeas corpus a las 5:45 de la tarde. Posteriormente, el juez fue informado mediante una moción urgente sobre la acción del ICE y el traslado del inmigrante. Arias Marxuach ordenó, entonces, que fuera traído de vuelta.
Puedes ver los documentos y actualizaciones del caso de Sandro González Domínguez en este enlace.
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