La ACLU de Puerto Rico apoya medida para prohibir el uso y contratación de vigilancia masiva

San Juan, P.R. - La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico apoyó este jueves el Proyecto de la Cámara 1421, que busca crear la "Ley para la Protección Contra Sistemas de Vigilancia Masiva”, debido a los riesgos de la hipervigilancia contra protecciones constitucionales de las personas y el uso indebido por parte de las autoridades ya evidenciado en Estados Unidos.

"La ACLU reconoce la importancia de atemperar la política pública a los avances tecnológicos existentes. Sin embargo, en la medida en que el Estado pretende establecer mecanismos tecnológicos y de integración de información sin considerar las serias implicaciones de sus disposiciones, se están violentando derechos fundamentales de la ciudadanía", anotó la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez en el memorial explicativo enviado a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, que tiene en sus manos evaluar la medida.

El P. de la C. 1421 fue radicado el 1 de septiembre de 2026 con la autoría de los representantes Dennis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Negrón Robles, así como la coautoría de la representante Lisie Burgos Muñiz. En su análisis, la organización argumentó cómo el uso de tecnologías de vigilancia masiva es contrario a disposiciones tanto de la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico, y describió los casos atendidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el derecho a la privacidad y contra registros irrazonables.

"La ACLU sostiene que la vigilancia masiva es inconstitucional, desproporcionada e incompatible con una sociedad democrática. El aumento no regulado de la hipervigilancia estatal amenaza directamente derechos democráticos básicos, como a la intimidad, garantías de debido proceso, libertad de expresión y otros", sostuvo Escudero Rodríguez.  "Hemos sostenido que la vigilancia indiscriminada hace desaparecer la presunción de inocencia, convirtiendo a toda la población en sospechosa. Somos espiados e investigados todo el tiempo", planteó la abogada en el memorial.

La organización argumentó que la vigilancia masiva con cámaras es una invasión sin precedentes a la privacidad de personas que no han cometido ningún crimen. En su análisis, explicó que, el peligro es que suficientes imágenes instantáneas almacenadas se convierten en un mapa de la vida de las personas. "Estos datos revelan mucho más que nuestra tablilla. Registran dónde estuvimos, cuándo estuvimos allí y, con el tiempo, pueden revelar nuestras prácticas religiosas, visitas médicas, actividades políticas, relaciones personales y rutinas diarias", expuso.

"Todo ello ante una falta de transparencia, supervisión y regulación sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan nuestros datos, y cómo exigir responsabilidades a las entidades públicas y privadas si abusan de ellos. En este sentido, el Tribunal Supremo de Estados Unidos recientemente resolvió que no importa el período de tiempo examinado ni que la información se haya obtenido mediante una empresa privada, el acceso al historial de movimiento de una persona viola su expectativa de privacidad", lee el análisis enviado a la comisión cameral.

En Estados Unidos, la ACLU ha liderado los esfuerzos de educación pública en torno a los peligros de la vigilancia masiva, así como en iniciativas legislativas y ante las cortes. Tan reciente como ayer, 23 de septiembre, el licenciado Chad Marlow, abogado sénior de Política Pública de la ACLU, testificó ante la Comisión Jurídica del Senado de Estados Unidos sobre por qué los sistemas de reconocimiento automático de tablillas (ALPR, en inglés) o cámaras tipo Flock deben ser prohibidas. Cada vez son más las comunidades que adquieren conocimiento sobre los peligros y las potenciales violaciones a sus derechos y ya hay gobiernos que han tomado acción en contra de la hipervigilancia.

Más temprano esta semana, la ACLU de Puerto Rico presentó tres memoriales explicativos con posturas en contra de la Resolución Conjunta del Senado 198, el Proyecto del Senado 974 y el Proyecto de la Cámara 897, tras concluir que las propuestas legislativas, en lugar de acercarse al objetivo común de seguridad pública, promueven un escenario de vigilancia masiva mediante el uso no regulado de tecnologías, así como la redacción de definiciones amplias que pueden atentar contra la libertad de expresión, la privacidad, la presunción de inocencia y el debido proceso de ley.

"Al presentar nuestro análisis sobre estas medidas, reiteramos nuestro llamado a los legisladores a convocar vistas públicas y permitir la discusión amplia y transparente sobre las implicaciones que proyectos como estos tienen o pueden tener sobre las libertades civiles y derechos humanos de las personas", afirmó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico. "El país necesita seguridad pública, pero esa meta no se alcanza con la hipervigilancia", apuntó.

Puedes ver detalles adicionales sobre hipervigilancia en este enlace.