Juez de inmigración se niega a corroborar ilegalidad en la detención de inmigrante dominicana

San Juan, P.R. - El juez de inmigración Elvin Talavera negó esta tarde, durante una vista, la oportunidad de que se corroborara en sala que Inocencia Rodríguez, una mujer inmigrante detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), fue arrestada ilegalmente, pues cuenta con una petición familiar I-130 y una exención provisional I-601A aprobadas.

La acción del juez ocurrió durante una vista de redeterminación de custodia, celebrada después de que la jueza federal María Antongiorgi Jordán detuviera más temprano el traslado inmediato de Rodríguez fuera de la jurisdicción de Puerto Rico y advirtiera sobre la posible ilegalidad de la detención, tal como lo planteó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico en un recurso legal presentado ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

"Tanto el Juez de Inmigración como el Asesor Jurídico Adjunto del DHS se negaron a verificar en actas si la peticionaria efectivamente cuenta con una petición I-130 e I-601A aprobada. Esta información forma parte del expediente de la agencia y el Gobierno podría haberla verificado fácilmente durante la audiencia", señaló el equipo de abogados de Rodríguez, en una moción urgente presentada esta misma tarde ante la jueza Antongiorgi Jordán.

En dicha moción, solicitan a la jueza que, considerando que la detención de Rodríguez es ilegal y que el juez de inmigración decidió no celebrar una vista de fianza, "ordene su liberación inmediata", o en la alternativa "celebre una audiencia de emergencia y/o una audiencia de fianza ante el Tribunal de Distrito para detener la continua violación de la libertad y el debido proceso a la peticionaria".

La petición de habeas corpus de emergencia fue presentada el 13 de julio en representación de la inmigrante dominicana, para impugnar lo que la ACLU describió como una detención ilegal. Se trata del décimo caso presentado por la organización en materia de derechos de inmigrantes en lo que va de año.

"Tanto la acción del juez de inmigración como de los abogados que actuaron en representación del gobierno federal, muestran la mala fe con que se ejecuta e implementa la política discriminatoria y abusiva del presidente Trump. La detención de Inocencia es ilegal y así lo muestra la evidencia", subrayó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

Juez de inmigración pudo haber revisado la evidencia en sala

Rodríguez fue detenida el viernes, 10 de julio de 2026, durante un operativo agresivo de varios vehículos ejecutado por al menos ocho personas en un punto de control de acceso en Guaynabo. Al momento de la intervención conducía un vehículo a su nombre ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y ninguna autoridad local había ordenado una detención vehicular. Este ha sido el método de intervención ilegal y violenta utilizado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), relacionado con la muerte de al menos tres en Texas, Maine y Florida.

La inmigrante -quien tiene una hija de ocho años que es ciudadana estadounidense- es beneficiaria de una Petición de Familiar Extranjero, conocida como formulario I-130, aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) y presentada por su esposo, Pablo Rafael Mota, residente legal permanente. También obtuvo, el 24 de abril de 2025, la aprobación de su formulario I-601A, como parte del proceso requerido para regularizar su estatus migratorio mediante trámite consular.

"De ser cierto, esto haría ilegal la detención de la Peticionaria", anotó Antongiorgi Jordán en su orden temprano en la mañana. Pero, en la Corte de Inmigración, el juez Talavera no dio paso a que esta evidencia fuera corroborada en sala.

La ACLU de Puerto Rico junto a la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la UPR y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ha representado a diez personas inmigrantes –incluyendo a Inocencia Rodríguez- cuyos derechos básicos han sido violentados y quienes representan una muestra de lo que atraviesan cientos de personas inmigrantes en nuestro archipiélago.

En nueve de los diez casos, la organización y sus colaboradores han logrado frenar el traslado expedito de inmigrantes o que el tribunal ordene al ICE traer a la persona de vuelta a la jurisdicción de Puerto Rico. Además, ha logrado el acceso a las vistas de fianza a la que tienen derecho. Sin embargo, no en todos los casos los jueces de inmigración han otorgado la oportunidad de continuar la defensa del proceso migratorio en libertad bajo fianza. Del total de diez casos, jueces de inmigración han negado fianza en dos, a pesar de que ninguna de estas personas representa un riesgo para la comunidad ni riesgo de fuga.

Para estas personas los obstáculos no acaban con la fianza. En el proceso, la ACLU de Puerto Rico ha identificado patrones de fianzas excesivas sin justificación, trabas procesales y la amenaza constante de la separación de familias. Estos arrestos ocurrieron bajo circunstancias que levantan serios señalamientos de perfilamiento racial y reflejan violaciones graves al debido proceso, además de otras posibles violaciones de ley que el pueblo no debe normalizar.