Inocencia Rodríguez permanecerá en libertad tras victoria en el Tribunal Federal

San Juan, P.R. - Inocencia Rodríguez permanecerá en libertad mientras continúa su proceso migratorio, luego de que el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza le impusiera esta mañana una fianza de $5,000. Rodríguez había sido liberada el viernes por orden de la jueza federal María Antongiorgi Jordán, en espera de la vista de fianza celebrada hoy.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico celebró como una victoria que Inocencia pueda permanecer junto a su familia y su comunidad, después de que el gobierno federal intentara mantenerla detenida y trasladarla fuera de Puerto Rico. Sin embargo, la organización reiteró que nunca debió ser privada de su libertad y denunció como excesiva e injustificada la fianza impuesta, particularmente cuando no existe evidencia alguna de que represente riesgo de fuga.

“Celebramos que Inocencia pueda permanecer en libertad, junto a su familia y su comunidad. Pero esta victoria no borra la injusticia de su detención ni convierte en razonable una fianza de $5,000. Inocencia no representa riesgo de fuga y nunca debió haber sido detenida. Imponerle una carga económica para conservar una libertad que el gobierno le arrebató ilegalmente prolonga el daño y castiga injustamente a ella y a su familia”, expresó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

Aunque la reglamentación federal permite imponer una fianza significativamente menor -incluso desde $1,500- y exige evaluar factores como el riesgo de fuga y la peligrosidad, el juez fijó una fianza de $5,000 pese a que no existe evidencia de que Inocencia represente alguno de esos riesgos.

La orden de Antongiorgi Jordán fue emitida después de que Talavera Peraza se negara, durante una vista de redeterminación de custodia celebrada el 15 de julio, a permitir que se corroborara en sala que Rodríguez cuenta con una petición familiar I-130 y una exención provisional I-601A aprobadas. Esa información forma parte del expediente de la propia agencia federal y, según la ACLU de Puerto Rico, confirma que su detención fue ilegal.

Ante la negativa del juez de inmigración y de los fiscales del gobierno federal a corroborar esa evidencia, la ACLU de Puerto Rico acudió nuevamente al Tribunal Federal para solicitar la liberación inmediata de Rodríguez. En la alternativa, pidió que se celebrara una audiencia de emergencia o de fianza para detener la continua violación de su libertad y su derecho al debido proceso.

La jueza Antongiorgi Jordán ordenó entonces que Inocencia fuera puesta en libertad “de inmediato” en espera de la audiencia de fianza. La orden también establecía que, si el gobierno no le proporcionaba una audiencia conforme a la Sección 1226(a), o si la audiencia era desestimada por falta de jurisdicción, Rodríguez debía ser liberada inmediatamente de la detención.

“Que Inocencia recupere hoy su libertad demuestra la importancia de enfrentar los abusos del gobierno y exigir que los tribunales cumplan su responsabilidad de proteger los derechos fundamentales. No obstante, no podemos normalizar que una persona detenida ilegalmente tenga que prestar miles de dólares para regresar a su hogar”, manifestó la licenciada María "Charito" del Rosario García, abogada de inmigración de Inocencia y directora de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la UPR.

“El gobierno debe responder por la ilegalidad de esta detención y por la manera en que sus funcionarios ignoraron evidencia que estaba en sus propios expedientes”, agregó, por su parte, el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

Rodríguez fue detenida el viernes, 10 de julio de 2026, durante un operativo vehicular agresivo ejecutado por al menos ocho personas en un punto de control de acceso en Guaynabo. Al momento de la intervención, conducía un vehículo registrado a su nombre ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), y ninguna autoridad local había ordenado una detención vehicular. Este tipo de intervención ilegal y violenta ha sido utilizado por agentes de ICE en distintos lugares de Estados Unidos y ha estado relacionado con incidentes mortales.

La ACLU de Puerto Rico, junto con la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ha representado a diez personas inmigrantes —incluida Inocencia Rodríguez— cuyos derechos básicos han sido violentados. Sus casos representan apenas una muestra de las experiencias que atraviesan cientos de personas inmigrantes que forman parte de nuestras comunidades en Puerto Rico.