BOSTON – El Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) se unió a más de una decena de organizaciones legales que instaron al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos a mantener la orden de un tribunal de distrito que bloqueó el intento de la administración Trump de tomar el control ideológico de la Universidad de Harvard.
El gobierno federal decidió retener miles de millones de dólares en fondos para investigación a la Universidad de Harvard después de que esta se negara a evaluar a sus estudiantes, profesorado y oferta académica en busca de "diversidad ideológica", y a someter a auditoría externa a ciertos departamentos y centros que discrepan de la postura del gobierno, como el Departamento de Lenguas y Culturas del Cercano Oriente.
El 9 de junio de 2025, la ACLU y numerosas otras organizaciones presentaron un escrito de amicus curiae en apoyo de la moción de Harvard para un juicio sumario. El 3 de septiembre de 2025, el tribunal federal del Distrito de Massachusetts bloqueó los ataques del gobierno contra Harvard. El juez señaló que la administración Trump intentó "obligar a Harvard a manifestar mejor la visión del mundo favorecida por el gobierno", en clara violación del derecho a la libertad de expresión de la universidad.
Las siguientes organizaciones presentaron conjuntamente un escrito de amicus curiae solicitando al tribunal de apelaciones que confirme el fallo del tribunal inferior que declara inconstitucionales las acciones de la administración:
Al presentar los argumentos junto resto de las organizaciones, la ACLU de Puerto Rico también hizo un llamado a las universidades en el archipiélago a no ceder a las presiones inconstitucionales de Trump y defender su libertad de expresión y protección para el profesorado, los estudiantes y la comunidad universitaria en general.
"El acceso a la educación, la enseñanza y el desarrollo de conocimiento en nuestras instituciones de educación superior no pueden depender de las preferencias ideológicas de un presidente", sostuvo el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
En el caso de Harvard, el gobierno federal intentó coaccionar inconstitucionalmente a la Universidad para que contratara profesores, admitiera estudiantes y orientara sus investigaciones según su ideología preferida, una condición para la financiación -basada en la ideología-, que es inconstitucional. “La conducta de la administración es inconstitucional desde cualquier punto de vista", sostiene el escrito.
Las organizaciones también argumentaron que "el principio de libertad académica de la Primera Enmienda prohíbe al gobierno imponer requisitos ideológicos de admisión, contratación y programas a las universidades". La represalia y la coacción en este caso -que violan la Primera Enmienda-, son aún más graves porque se dirigen a una institución de educación superior, cuyas decisiones sobre a quién enseñar, qué enseñar y quién debe impartir la enseñanza están protegidas por la Primera Enmienda.
“El abuso del poder de financiación por parte del gobierno en este caso es un mensaje para todos: ajústate a la línea ideológica o el gobierno te perseguirá”, declaró Vera Eidelman, abogada principal de la ACLU. “Este acoso ideológico constituye un abuso del poder ejecutivo, y el tribunal de apelaciones debe confirmar que viola la Primera Enmienda, o se desatará una ola de represalias y coacción contra todos”, sostuvo.
La directora legal de la ACLU de Massachusetts, Jessie Rossman, afirmó, por su parte, que “el intento de la administración Trump de intimidar a Harvard para que se someta es un ataque descarado contra la libertad de expresión y la libertad académica, pilares esenciales de nuestra democracia”.
Puedes ver los detalles completos del caso en este enlace.
Suscríbete para enterarte primero de cómo puedes actuar.
Al completar este formulario, acepto recibir correos electrónicos ocasionales conforme a los términos de la política de privacidad de la ACLU. Política de Privacidad.
Al completar este formulario, acepto recibir correos electrónicos ocasionales conforme a los términos de la política de privacidad de la ACLU.