ACLU de Puerto Rico solicita reconsideración y se opone al traslado del caso de habeas corpus de Albeto Pierre a Florida

San Juan, P.R. - La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una moción de reconsideración ante la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, en oposición a la determinación judicial que refirió el caso del inmigrante haitiano Albeto Pierre a la jurisdicción federal del Distrito Medio de Florida por alegada falta de jurisdicción.

La organización sostuvo que la orden de traslado impone una carga indebida e injusta sobre Pierre -detenido tras una intervención que evidencia perfilamiento racial- y deja abierta la puerta a consecuencias graves para otras personas inmigrantes detenidas en Puerto Rico.

“Cuando un tribunal se aparta de revisar una detención que ocurrió en Puerto Rico y que fue impugnada aquí, está fallando en su rol esencial de freno de abusos de poder del Estado”, subrayó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico y abogado en el caso. “Permitir que el gobierno fabrique una ‘falta de jurisdicción’ mediante un traslado posterior a la radicación del habeas corpus equivale a validar una maniobra de la administración Trump para evadir el control judicial”, manifestó.

La ACLU de Puerto Rico enfatizó que este caso plantea un asunto urgente sobre si se permite que el gobierno federal traslade a una persona fuera de Puerto Rico después de radicado un habeas corpus y con eso logre desplazar el caso fuera de la jurisdicción, un patrón peligroso que incentiva la evasión deliberada del escrutinio judicial y expone a más personas detenidas en el archipiélago a quedar atrapadas en un limbo procesal.

Pierre fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) el 24 de diciembre de 2025 cerca de la clínica Health Pro-Med en la Avenida Borinquen, mientras acompañaba a su pareja a una cita de cuidado prenatal, un hecho que demuestra que es urgente la prohibición de detenciones en lugares sensibles como los centros de salud, pero también sus alrededores, como garantía de acceso a servicios básicos indispensables.

La ACLU de Puerto Rico presentó el 29 de diciembre de 2025 una petición de habeas corpus de emergencia, impugnando la detención arbitraria y carente de base legal, y solicitando la liberación inmediata de Pierre, así como una orden para impedir su traslado fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. La organización también presentó una moción de orden de restricción temporera (TRO, en inglés) ex parte que el tribunal denegó.

Tras la denegatoria del primer TRO, la ACLU de Puerto Rico acudió nuevamente al tribunal con una moción renovada de TRO y una petición enmendada de habeas corpus. En esos escritos, la organización alertó que el mismo día en que el tribunal denegó el primer TRO –el 30 de diciembre de 2025- el gobierno trasladó a Pierre a “Alligator Alcatraz” en Florida, un centro improvisado con condiciones inhumanas e inconstitucionales. El inmigrante haitiano se encuentra actualmente en Broward Transitional Center en Florida.

Con dilación, la jueza había finalmente señalado una vista para el martes, 20 de enero, a las 2:30 de la tarde. Sin embargo, apenas dos horas antes, la jueza notificó por escrito a las partes su determimación de suspender la vista y trasladar el caso a Florida.

Obstáculos documentados al trasladar personas detenidas fuera de Puerto Rico

En su moción de reconsideración, la ACLU de Puerto Rico argumentó que Pierre no está sujeto a detención obligatoria bajo los supuestos definidos por la ley federal (INA) y que existen alternativas menos restrictivas que la detención. Además, sostuvo que Pierre cualifica para una vista de fianza y que esa evaluación debe ocurrir en Puerto Rico sin dilaciones injustificadas.

Pierre también es representado por licenciado Rafael Rodríguez Rivera, director de la Clínica Legal de la Comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y la licenciada María García Mirada, directora de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Como parte del expediente, la abogada de inmigración Yarima González Crespo narró obstáculos concretos que, según su experiencia, se intensifican cuando una persona detenida en Puerto Rico es transferida al territorio continental, incluyendo limitaciones para entrevistarse con su cliente de forma adecuada, incertidumbre sobre la confidencialidad de las comunicaciones y barreras prácticas para obtener información esencial del caso en tiempo real.

Además, explicó que los traslados crean dificultades severas para reunir evidencia y coordinar testigos que residen en Puerto Rico, complican la comunicación constante entre cliente y defensa, y elevan el impacto emocional y familiar al separarlos de su núcleo de apoyo. González Crespo también describió condiciones inhumanas de detención que ha observado en distintos centros, incluyendo deficiencias sanitarias y carencias de servicios esenciales.

“No se puede justificar una detención prolongada, sin fianza, cuando el propio sistema no permite a la persona detenida acceder al proceso”, señaló González Crespo, quien también figura como demandante en el caso.

Además, la organización reiteró que los hechos que dieron origen a la controversia ocurrieron en Puerto Rico y que Pierre estaba bajo custodia en esta jurisdicción al momento de radicarse la petición. Asimismo, precisó que la agente federal Rebecca González Ramos, a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico, fue correctamente incluida como parte recurrida, y que se efectuó el emplazamiento conforme a derecho.

“El gobierno no puede usar la detención civil como castigo. Albeto Pierre tiene derecho a un proceso justo, a una evaluación real de su elegibilidad para fianza y, sobre todo, a no ser privado de libertad mediante prácticas discriminatorias”, puntualizó Rodríguez Rivera, por su parte.