Un estudio del Center for American Progress (2017) encontró que los condados con políticas de santuario tienen menos crimen que aquellos que cooperan con ICE.
Además, el 45% de los latinos —y dos tercios de los latinos indocumentados— dijeron que evitan denunciar delitos por miedo a que la policía los cuestione sobre su estatus migratorio.
Mito: Las ciudades santuario protegen a criminales.
Realidad: Las políticas santuario no impiden la aplicación de la ley. Los delitos siguen siendo investigados y los responsables enfrentan la justicia. Estas políticas solo evitan que gobiernos locales se conviertan en agentes de inmigración.
La ley federal no obliga a colaborar con ICE.
Permite la cooperación, pero no la exige. (8 C.F.R. § 287.7(a); INA)
Retener a alguien sin orden judicial viola la Cuarta Enmienda.
(City of Philadelphia v. Sessions, Galarza v. Szalczyk, entre otros).
El gobierno federal no puede imponer condiciones ilegales a fondos locales.
(City of Providence and City of Central Falls v. Attorney General, 1st Circuit).
Las políticas de santuario son legales, constitucionales y efectivas.
No obstaculizan la ley federal, sino que fortalecen la confianza comunitaria y protegen los derechos fundamentales de todas las personas.
Cuando los gobiernos locales se enfocan en servir y proteger a su gente, en lugar de perseguirla, toda la comunidad gana.
Suscríbete para enterarte primero de cómo puedes actuar.
Al completar este formulario, acepto recibir correos electrónicos ocasionales conforme a los términos de la política de privacidad de la ACLU.Política de Privacidad.
By completing this form, I agree to receive occasional emails per the terms of the ACLU’s privacy statement.