Casos Judiciales

Jonathan Hernández v. Ricardo Rosselló, et als. (Caso Civil No. 3:19-cv-1397) y el caso consolidado de Yadira Carrasquillo v. Ricardo Rosselló, et als. (Caso Civil No. 3:19-cv-01414) son demandas presentadas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico. Las demandas, presentadas en 2019, alegan el uso de fuerza excesiva por parte de la Policía de Puerto Rico durante manifestaciones. Jonathan Hernández, un vendedor ambulante, afirma haber sido brutalmente atacado y disparado con balas de goma. Actualmente, las partes demandantes buscan continuar con el proceso, incluyendo la contratación de un perito y la continuación del descubrimiento de pruebas. Esta demanda fue paralizada por el Tribunal de Bancarrota en el 2023, bajo la ley PROMESA, debido al proceso judicial de quiebra del Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, a finales de 2025 la jueza Laura Taylor Swain levantó la paralización, luego que la ACLU de Puerto Rico planteara cuestionamientos constitucionales, como la violación del debido proceso y la Cláusula de Uniformidad de Bancarrota, así como el derecho internacional de los derechos humanos. La Junta de Control Fiscal –un ente antidemocrático impuesto por el gobierno federal- apeló la orden de la jueza y actualmetne el asunto se encuentra ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston.

Sandra Rodríguez Cotto v. Wanda Vázquez Garced (Caso Civil No. 3:20-cv-01235) es una demanda que impugna una ley de Puerto Rico que criminalizaba la difusión de información que el gobierno consideraba inexacta durante emergencias. Los demandantes, dos periodistas, argumentaron que la ley era inconstitucional y violaba la libertad de expresión. Un tribunal la anuló, pero la decisión está actualmente en apelación.

Sheila A. Nevárez Chiclana, et als. v. Antonio López, Police Commissioner, et als. (Civil No. 3:23-cv-01387-CVR) es una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en julio de 2023, que alega la muerte de Javier Cordero Nevárez, un menor de 16 años desarmado que fue baleado por agentes de la policía durante una persecución de un vehículo supuestamente robado. La demanda argumenta que los oficiales usaron fuerza excesiva y mortal, en violación de los derechos constitucionales del menor. Aunque la demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue desestimada, la litigación continúa contra los oficiales en su capacidad personal. Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de descubrimiento.

Sucesión de Eugenia Cruz González v. Administración de Terrenos de Puerto Rico (KLAN 2022-00865) es una apelación presentada por una familia de Vieques que alega la violación de su derecho al debido proceso de ley y a la propiedad. La familia argumentó que había vivido en el terreno por más de siete décadas y que el Tribunal de Primera Instancia cometió errores procesales al fallar en su contra y ordenar su desahucio. La apelación de la familia tuvo éxito, ya que el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia inicial. El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la petición del gobierno para revisar el caso. El caso está actualmente en la etapa de descubrimiento.

Acción presentada bajo la Primera Enmienda a la Constitución de los EE. UU. por acciones discriminatorias y represalias tomadas contra el Demandante, por sus supervisores debido a las creencias religiosas del Demandante.