Casos Judiciales

La ACLU de Puerto Rico representa a la Defensoría de los Derechos Carcelarios (DDC) en una demanda presentada por Carolina Catering Corp., empresa contratada para proveer servicios de alimentación a la población privada de su libertad, luego de publicaciones de DDC que denunciaron las condiciones de los alimentos servidos en las cárceles del país. La empresa reclamó daños por alegada difamación y solicitó, además, que el Tribunal ordenara detener y remover publicaciones y otros contenidos, remedios que la ACLU impugnó por constituir censura previa y amenazar la libertad de expresión y la fiscalización de asuntos de alto interés público. En una Sentencia Parcial, el Tribunal desestimó la reclamación de interdicto preliminar y sentencia declaratoria, al concluir que el remedio solicitado era constitucionalmente impermisible y podría tener un efecto inhibitorio sobre la prensa, los medios de comunicación y la ciudadanía. El litigio continúa por la vía ordinaria respecto a las otras reclamaciones.

Sandro González Domínguez, inmigrante mexicano, lleva 28 años residiendo en Estados Unidos y Puerto Rico y tiene dos hijas ciudadanas estadounidenses. Es codueño de una empresa de restaurantes con ocho establecimientos que emplean aproximadamente a 115 personas. Fue detenido por agentes enmascarados el 26 de septiembre mientras afuera de uno de los restaurantes del que es copropietario.

Juan Francisco Areche Minaya lleva más de 28 años residiendo en Puerto Rico, no tiene récord criminal, es padre de dos ciudadanos estadounidenses y es hijo de una ciudadana estadounidense. Su familia y su vida están establecidas en Puerto Rico. Fue detenido el 11 de agosto mientras esperaba dentro de su propio vehículo a un amigo que compraba materiales eléctricos en un establecimiento de San Juan. La detención ocurrió sin incidentes y Areche Minaya no se resistió al arresto. Según la petición de habeas corpus presentada ante el tribunal federal, ocho hombres enmascarados lo intervinieron y lo tomaron bajo custodia migratoria. La petición sostiene además que la intervención estuvo motivada racialmente.

Esta petición trata sobre las consecuencias a largo plazo para la salud y el medio ambiente de las víctimas, como resultado de las prácticas militares (que involucran químicos tóxicos y armas de fuego) de la Armada de los Estados Unidos llevadas a cabo en la isla de Vieques, Puerto Rico. En 1941, la Armada estableció operaciones militares en las islas municipales de Culebra y Vieques, Puerto Rico; y en 1942-1943 y 1947, la Marina expropió el 75% de la tierra en Vieques para el uso de prácticas militares, por un total de aproximadamente 23,000 hectáreas. La expropiación del 75% de la isla implicó la evacuación y el desplazamiento forzosos de cientos de familias viequenses que se vieron obligadas a trasladarse al centro de la isla y abandonar las tierras que poseían o trabajaban. Utilizando la isla como campo de práctica para la guerra militar, la Armada bombardeó la isla de forma rutinaria, incluido el lanzamiento de bombas de 500 libras desde aviones, y utilizó sustancias químicas y toxinas letales conocidas como el napalm, el agente naranja, el uranio empobrecido (DU), fósforo blanco, arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre, magnesio, litio, cobalto, níquel, perclorato, TNT (trinitrotolueno), PCB (bifenilos policlorados), disolventes, pesticidas y explosivos de alta potencia. Durante décadas, los viequenses han estado expuestos a contaminantes letales exudados por municiones que han contaminado sus cuerpos, su tierra y el mar vecino, y continúan viviendo con los efectos duraderos en su salud y medio ambiente. Como resultado de estas prácticas nocivas, generaciones de viequenses sufren de cáncer, hipertensión, asma, defectos de nacimiento, tasas más altas de mortalidad infantil y bajo peso al nacer, enfermedades respiratorias, insuficiencia renal y erupciones cutáneas. A pesar de la alta incidencia de enfermedades en Vieques, la isla actualmente no cuenta con servicios de salud adecuados, incluidos médicos generales y especializados, equipos, laboratorios e instalaciones de diagnóstico y tratamiento en Vieques para diagnosticar y tratar adecuadamente diversas afecciones graves, incluido el cáncer. La inmensa mayoría de los viequenses deben viajar a la parte continental de Puerto Rico siempre que necesiten atención médica, ya sea que se trate de atención generalizada, atención de seguimiento o tratamiento para sus condiciones de salud. Por otro lado, la industria pesquera en Vieques comprende aproximadamente el 40% de la economía local. Los pescadores se han quejado a menudo de la gran cantidad de bombas sin detonar en las aguas costeras de Vieques y la destrucción causada a los arrecifes de coral y otros elementos del medio marino dañados por bombas perdidas de aviones y barcos. Las actividades de la Marina interferían con la capacidad de los pescadores locales para practicar su oficio, tanto porque las prácticas militares filtraban toxinas y contaminantes a las aguas circundantes como porque la Marina bloqueaba rutinariamente las rutas de agua que los pescadores seguían a diario para llevar a cabo sus prácticas de guerra. La Marina cerró oficialmente la base para prácticas militares en 2003, pero la lucha continúa.

Esta petición de habeas corpus de emergencia fue presentada el 13 de julio en representación de Inocencia Rodríguez, inmigrante dominicana, para impugnar lo que la ACLU de Puerto Rico describió como una detención ilegal. Rodríguez fue detenida el viernes, 10 de julio de 2026, durante un operativo agresivo de varios vehículos ejecutado por al menos ocho personas en un punto de control de acceso en Guaynabo. Al momento de la intervención conducía un vehículo a su nombre ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y ninguna autoridad local había ordenado una detención vehicular. Rodríguez es beneficiaria de una Petición de Familiar Extranjero, conocida como formulario I-130, aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) y presentada por su esposo, Pablo Rafael Mota, residente legal permanente. También obtuvo, el 24 de abril de 2025, la aprobación de su formulario I-601A, como parte del proceso requerido para regularizar su estatus migratorio mediante trámite consular. En su solicitud, la ACLU de Puerto Rico argumentó que Rodríguez, quien tiene una hija de ocho años que es ciudadana estadounidense, no representa riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, por lo cual solicitó su liberación inmediata y la celebración de una vista de fianza conforme a la ley federal.

Esta petición de habeas corpus de emergencia solicita la liberación inmediata de Jose Ignacio Cambero Maldonado, quien fue detenido el 25 de junio de 2026 durante un operativo agresivo de varios vehículos en Puerto Rico, ejecutado por más de cinco personas enmascaradas y sin una orden local de intervención de tránsito. La petición sostiene que la intervención fue motivada por perfilamiento racial y forma parte de un patrón más amplio de prácticas prohibidas por la Constitución. El Sr. Cambero Maldonado ha vivido de manera continua en Estados Unidos desde el 30 de septiembre de 2021, junto a su esposa ciudadana estadounidense y su hija ciudadana estadounidense de casi dos años. Además, ha cumplido con los pasos requeridos para regularizar su estatus migratorio, incluyendo la presentación y el pago de los formularios I-130 e I-601A ante USCIS. La petición argumenta que, al haber seguido el proceso legal, no representar riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, su detención carece de base legal válida. La petición plantea que su detención viola el debido proceso de ley, no responde a ningún propósito gubernamental legítimo, desperdicia recursos públicos y causa un daño emocional, psicológico y económico severo a su familia. Por ello, solicita al tribunal que declare ilegal su detención continua y ordene su liberación inmediata.

El caso Comité Diálogo Ambiental v. FEMA se centra en la exigencia de que los fondos de recuperación de desastres sean utilizados para transformar el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico a un modelo basado en energía solar. La demanda argumenta que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otras agencias de Estados Unidos tienen la obligación de respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico, expresada a través de su legislatura, y promover el desarrollo económico de la isla. El fundamento legal invocado incluye el Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, destacando la necesidad de que las acciones federales se alineen con los intereses de la población puertorriqueña.

La ACLU de Puerto Rico acudió al tribunal en representación del periodista Carlos Berríos Polanco para exigir que la Policía de Puerto Rico entregue información pública sobre su participación en Operación Stonegarden, un programa federal que financia coordinación entre agencias para atender ciertos delitos transfronterizos. La organización sostiene que la Policía incumplió con su obligación legal de responder a una solicitud de acceso a documentos sobre fondos públicos, operativos y salvaguardas de derechos civiles.

El Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) presentó esta demanda contra la Policía de Puerto Rico, por el asesinato de Daniel Maldonado Díaz, un veterano de 42 años del Ejército de Estados Unidos que atravesaba una crisis de salud mental en su residencia en Utuado cuando un agente le disparó en el pecho, en un ejercicio indebido de fuerza mortal. Daniel murió por un disparo del sargento Julio C. Nieves Rosado, el 26 de mayo del 2025, durante una intervención en crisis, en la residencia del veterano en la barriada Nueva de Utuado. Los familiares de Daniel afirman que el policía conocía al veterano y sabían que irían a una intervención en crisis. Afirman, además, que Daniel no estaba armado ni puso resistencia alguna, y que los policías no intentaron establecer un diálogo con él.