Casos Judiciales

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico radicó una petición urgente de Habeas Corpus ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en representación de Perfecto Paula, un ciudadano dominicano detenido por agencias federales desde el 14 de febrero de 2026 en Puerto Rico, pese a contar con un proceso migratorio avanzado y aprobado y fuertes vínculos familiares en el archipiélago. En su solicitud al Tribunal Federal, la organización pidió que se asuma jurisdicción sobre el caso, que se emita una orden de restricción temporera que prohíba el traslado de Paula fuera del Distrito de Puerto Rico mientras se atiende la petición, y que se conceda el habeas corpus para ordenar su liberación inmediata, o en la alternativa, su liberación bajo fianza. En la misma dirección, la ACLU pidió que se proteja a todas las personas inmigrantes que se encuentran bajo estas mismas condiciones.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de habeas corpus en la que sostiene que la detención de Ernesto José Cruz Tejada es ilegal porque fue procesado para una expulsión expedita a pesar de que llevaba más de dos décadas viviendo de forma continua en Puerto Rico y Estados Unidos, tenía una petición familiar I-130 aprobada presentada por su madre residente legal permanente y, según el recurso, no encaja en las categorías de detención obligatoria. El recurso plantea que su encarcelamiento viola el debido proceso, que no se le dio una audiencia de fianza a la que tendría derecho y que existe un riesgo inminente de que sea transferido fuera de Puerto Rico, lo que afectaría su acceso a abogados y agravaría el impacto sobre su madre, de 68 años, cuya salud es delicada y de quien él es cuidador principal. La denuncia describe que el arresto ocurrió el 7 de marzo de 2026 en Barrio Obrero, en San Juan, cuando Cruz Tejada iba camino al mercado para comprar desayuno para su madre enferma. La petición además denuncia que la intervención estuvo motivada racialmente, que las autoridades no corroboraron desde cuándo residía de manera continua en Puerto Rico antes de tramitarle la expulsión expedita, y que su arresto y detención se dieron sin una base legal válida ni consideración adecuada de alternativas menos restrictivas.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, contra el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), para que el gobierno entregue de manera inmediata todos los documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de cerca de 6,000 personas migrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley Núm. 97 de 2013, incluyendo un subpoena alegadamente emitido por una agencia federal. La acción de la ACLU-PR surge luego de que el DTOP se negara a proveer copias de los requerimientos de información emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), así como las evaluaciones legales y la información que fue entregada para cumplir con dichos requerimientos. La respuesta de la agencia se basó en generalidades, sin sustentar legalmente el reclamo de confidencialidad, lo que constituye un incumplimiento de un deber ministerial y una flagrante violación al derecho de acceso a la información pública, un derecho de rango constitucional en Puerto Rico. El pleito se fundamenta en la revelación pública de que el DTOP, entre febrero y marzo de 2025, entregó a agencias federales de inmigración datos personales de sobre cerca de 6,000 conductores con estatus migratorio no regularizado. Posteriormente, el propio gobierno federal confirmó que estos datos están siendo utilizados activamente para identificar inmigrantes, localizarlos, arrestarlos sin orden judicial y deportarlos. La ACLU-PR subrayó que esta acción del gobierno de Puerto Rico se realizó en contravención directa de la propia Ley 97-2013, que ordena al Secretario del DTOP establecer los mecanismos necesarios para que este registro no pueda ser usado para discriminar ni se divulgue la información.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante un escrito de amicus curiae, que se revoque una orden de protección emitida al amparo de la Ley 54 contra una menor de 16 años, por hechos vinculados a una relación de noviazgo entre dos estudiantes de escuela privada. En su escrito, la ACLU de Puerto Rico aclaró que aplicar la Ley Núm. 54 de 1989 -un estatuto diseñado para atender violencia doméstica entre personas adultas- a relaciones afectivas entre menores de edad constituye un uso arbitrario y caprichoso de la ley y convierte este importante remedio en un instrumento de opresión ejercido por personas adultas. La organización enfatizó que, en este caso, la orden de protección provocó que una de las menores perdiera meses de clases presenciales y actividades escolares, además de someter a las partes a un proceso judicial innecesario e inadecuado para su edad. En el caso particular, la organización planteó que los tribunales inferiores no examinaron adecuadamente el contexto completo de la relación entre las menores, ni el rol de personas adultas responsables. El amicus señaló que la ansiedad y temor que expresaba una de las menores en sus mensajes de texto estaba estrechamente ligada al miedo a la reacción de su propia madre al conocer su relación, más que a un patrón de maltrato por parte de la otra menor. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia limitó de forma indebida los intentos de la representación legal de presentar prueba sobre ese aspecto, afectando el derecho al debido proceso y a la confrontación.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y la ACLU de Puerto Rico presentaron un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en el caso Ínaru Nadia de la Fuente Díaz v. Jenniffer A. González Colón, en apoyo a las personas demandantes que impugnan la política del Estado Libre Asociado que les impide obtener certificados de nacimiento que reflejen una marca de género “X” para personas no binarias. Actualmente, el Gobierno de Puerto Rico restringe el marcador de género en los certificados de nacimiento únicamente a “M” o “F”, en referencia al binario "masculino" y "femenino", pero se niega a ofrecer la opción “X”, aun cuando la persona cuenta con otros documentos o certificaciones médicas que reconocen su identidad de género no binaria. El Tribunal de Distrito de Puerto Rico ya determinó que esta política viola el derecho a igual protección de las leyes, aunque aplicó el estándar más liviano de revisión (rational basis). El amicus presentado por la ACLU y su Capítulo de Puerto Rico solicita al Primer Circuito que afirme la decisión, dejando claro que esta política debe evaluarse bajo un escrutinio más riguroso por basarse en la identidad trans de las personas afectadas. El escrito explica que las personas no binarias son un subgrupo de las personas transgénero, pues su identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer. Al excluir específicamente a quienes tienen una identidad no binaria de la posibilidad de obtener documentos precisos, el Gobierno las somete a un trato desigual que tiene consecuencias reales en su vida cotidiana, desde la escuela o el trabajo hasta el acceso a servicios básicos y la interacción diaria con agencias gubernamentales.

Alvin Marrero-Méndez v. Héctor Pesquera, et al. (Caso No. 13-cv-01203-JAG) es una demanda civil presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico. La queja alega que el demandante, Alvin Marrero-Méndez, quien es un agente de policía, sufrió discriminación y represalias por parte de sus supervisores debido a sus creencias religiosas, o la falta de ellas. La demanda sostiene que los supervisores lo sometieron a oraciones oficiales obligatorias y a un proselitismo no deseado. Cuando Marrero-Méndez se opuso a estas prácticas, fue humillado públicamente, se le desarmó, se le asignaron tareas de menor rango, como lavar autos, y se le negaron días libres. La queja busca compensación por daños y una orden judicial para detener estas prácticas y restaurar las responsabilidades laborales del demandante.

Belia Arlene Ocasio y Efraín Colón Damiani v. Comisión Estatal de Elecciones (CEE), et als. (Civil Action No. 3:20-cv-01432-PAD) fue una demanda presentada por la ACLU y un bufete de abogados de Nueva York para permitir a los ciudadanos mayores de 60 años de Puerto Rico votar por correo o anticipadamente debido a la pandemia de COVID-19. Los demandantes argumentaron que las políticas de la CEE los obligaban a elegir entre su derecho a votar y su salud, dado el riesgo de la pandemia. La demanda alegaba que la falta de la CEE para permitir el voto anticipado o por correo para los ancianos era una carga indebida para el derecho a votar, en violación de las Enmiendas Primera y Decimocuarta de la Constitución de los EE. UU. Un Tribunal de Distrito ordenó a la CEE que permitiera el voto por correo a las personas de 65 años o más. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentó una moción de reconsideración y el caso está pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.

Elsa Avilés, et als v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et als. (Caso Civil No. JA2020-cv-00010) es una demanda por daños presentada en el Tribunal Superior de Jayuya. La demanda alega que dos policías usaron fuerza excesiva y mortal contra Anthony Maldonado Avilés, quien estaba sufriendo un episodio de angustia emocional, lo que causó su muerte. El Tribunal de Apelaciones mantuvo al Comisionado de la Policía Henry Escalera como demandado en su capacidad personal bajo 42 U.S.C. § 1983 y le denegó la inmunidad calificada. Actualmente, el caso está pendiente.

Este caso, Jahaira Ponce Morales, et als v. E.L.A., et als, (Civil No. BY2013-02917), se relaciona con la muerte de una reclusa mientras estaba bajo custodia del Departamento de Corrección. La demanda inicial por violación de derechos civiles contra varios supervisores en su capacidad personal fue desestimada por el tribunal de primera instancia. Esta decisión fue apelada, pero la apelación no tuvo éxito. A pesar de esto, el caso contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico continúa pendiente ante el Tribunal Superior de Bayamón. Posteriormente, se presentó una segunda demanda enmendada, que nuevamente incluye a los funcionarios en su capacidad personal.