Expresiones autorizadas de la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, sobre alegado esquema de coacción, control del voto y manipulación electoral dentro de las cárceles:
El derecho al voto es una protección constitucional fundamental y piedra angular en un sistema democrático. Desde la ACLU de Puerto Rico, defendemos ese derecho para todas las personas, incluida la población privada de su libertad.
La manera como una persona ejerce su voto, sin embargo, debe ser absolutamente libre y voluntaria, sin que exista de por medio amenazas, chantajes o actos violentos que obliguen a una persona a votar de cierta manera en beneficio de algún candidato en particular.
Esto es más significatico cuando hablamos de personas privadas de su libertad, una población que está bajo la custodia absoluta del estado, y que según demostró el Caso Morales Feliciano, ha estado sometida a violencia institucional, condiciones de seguridad deficientes y servicios de alimentación y salud insuficientes e inadecuados.
Del mismo modo que abogamos por la protección del derecho al voto, esperamos de las autoridades federales y estatales total transparencia y compromiso genuino en el ejercicio de su deber.
Abandonar una investigación y la evidencia disponible -sobre un posible esquema de voto fraudulento en las cárceles-, lacera la confianza de quienes creemos en la democracia y apostamos al ejercicio del voto como expresión máxima de la voluntad popular. La democracia participativa exige pulcritud en los procesos electorales y certeza sobre sus resultados.
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Reacción a la publicación del reportaje investigativo de ProPublica, "Prosecutors Had a Drugs-for-Votes Scheme “Locked Up.” Under Trump, They Were Told Not to Pursue Charges."
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