San Juan, P.R. – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico urgió hoy a la gobernadora Jenniffer González Colón a vetar el Proyecto del Senado 63 y el Proyecto del Senado 504, aprobados por ambas cámaras legislativas, por entender que ambas medidas tienen efectos nefastos sobre derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos.
La organización advirtió que el P. del S. 63, que enmienda la Ley 141-2019 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, lejos de “facilitar” ese acceso, introduce nuevos obstáculos, extiende plazos injustificados y refuerza una visión restrictiva del derecho de la ciudadanía a fiscalizar al gobierno.
Entre otros cambios, la medida redefine la “información” y el “formato” de entrega, subraya que las agencias no están obligadas a crear documentos y amplía los términos para producir información pública hasta 20 o 30 días laborables, con posibilidad de una prórroga adicional de 20 días, todo esto en un contexto en el que ya existe un patrón de retrasos, rechazos y obstrucciones al derecho de acceso.
La ley también complica el proceso de solicitar información al requerir notificaciones adicionales al jefe de la agencia y a la presidencia de la rama correspondiente, bajo pena de que la solicitud se considere “defectuosa” y no active los términos de respuesta.
“El acceso a la información pública no es un privilegio ni una concesión graciosa del gobierno, es un corolario directo de la libertad de expresión, de prensa y del derecho del pueblo a participar de los asuntos públicos”, señaló Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública de la ACLU de Puerto Rico.
La licenciada sostuvo que el P. del S. 63 fortalece precisamente las prácticas que la Ley 141-2019 se suponía que corrigiera, con la amenaza de dilatar, complicar y negar el acceso a documentos que le pertenecen a la ciudadanía. "En lugar de elevar la transparencia, lo que hace es reforzar un muro burocrático para proteger al poder de la mirada del pueblo. La gobernadora tiene el deber constitucional de impedir ese retroceso y vetar esta medida en su totalidad”, anotó.
La organización también urgió el veto del Proyecto del Senado 504, que propone reconocer al nasciturus como persona natural dotada de personalidad y capacidad jurídica, mediante enmiendas al Código Civil de 2020.
Según el análisis presentado por la ACLU de Puerto Rico ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, el proyecto utiliza definiciones amplias, ambiguas y sesgadas, que abren la puerta a interpretaciones que podrían menoscabar los derechos reproductivos y de salud de las mujeres y personas gestantes, así como generar inseguridad jurídica en múltiples áreas del derecho.
“El P. del S. 504 pretende presentarse como una medida técnica o de avanzada, pero en realidad allana el camino para restringir y eventualmente criminalizar decisiones íntimas sobre el cuerpo y la salud”, advirtió Escudero Rodríguez.
“Al reconocer al concebido como ‘persona natural’ sin delimitar claramente el alcance de esa personalidad jurídica, la medida choca con el derecho a la intimidad, la dignidad y la autonomía corporal que protege nuestra Constitución. De aprobarse, se abriría la puerta a litigios e interpretaciones que podrían restringir el acceso al aborto, impactar técnicas de fertilización in vitro y profundizar las desigualdades que ya enfrentan mujeres pobres, jóvenes y sobrevivientes de violencia”, indicó, por su parte, el director legal de la ACLU de Puerto Rico, Fermín Arraiza Navas.
En su análisis escrito, la organización destacó que el proyecto no responde a un problema real identificado por la evidencia, no incluye estudios de impacto ni explica de forma concreta cómo mejoraría la protección de derechos existentes. En cambio, introduce un cambio doctrinal radical que puede afectar el derecho penal, el derecho de familia, la sucesión hereditaria, los seguros, el empleo y el acceso a servicios de salud, entre otros.
La organización enfatizó que la gobernadora no solo tiene la facultad, sino la obligación constitucional de detener medidas que menoscaben la separación de Iglesia y Estado, que discriminen o que erosionen derechos fundamentales como la igualdad, la intimidad, la dignidad, la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Escudero Rodríguez subrayó, además, que ambos proyectos comparten una misma lógica de concentración de poder y restricción de derechos. “Limitar el acceso a la información pública y socavar los derechos reproductivos son dos caras de la misma moneda, con una visión de país en la que el Estado decide qué puede saber la gente y qué puede hacer con su propio cuerpo”, señaló.
La ACLU de Puerto Rico hizo un llamado a la ciudadanía, a organizaciones comunitarias, profesionales de la salud, gremios periodísticos y sectores académicos a levantar su voz y exigir a la gobernadora que ejerza su poder de veto. “En un contexto de crisis económica, violencia de género y desconfianza generalizada en las instituciones, el gobierno debería estar ampliando espacios de participación y garantizando la máxima protección de derechos”, subrayó, por su parte, Arraiza Navas.
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