Sandro González Domínguez v. Garret J. Rippa, et al.

Cada municipio de Puerto Rico tiene la capacidad y la responsabilidad de proteger a todas las personas que viven en su territorio. Esta campaña promueve la adopción de ordenanzas municipales de protección comunitaria, una herramienta legal que prohíbe el uso de fondos, recursos o personal municipal para implementar las leyes federales de inmigración. Estas ordenanzas no violan ninguna ley federal ni impiden que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cumpla con sus funciones. Lo que hacen es garantizar que los municipios no sean obligados a participar en la maquinaria de deportación, preservando sus recursos para prioridades locales como la seguridad, la salud y el bienestar de sus residentes. Los tribunales federales han sido claros: los gobiernos locales no están obligados a cooperar con ICE. El artículo 1373 del Código Federal —a menudo malinterpretado— no impone sanciones ni obliga a compartir información más allá del estatus migratorio, ni convierte en delito la falta de colaboración. Por tanto, las protecciones municipales son legales, legítimas y necesarias para promover comunidades más seguras y humanas. Cuando las personas confían en sus autoridades locales, están más dispuestas a denunciar delitos, buscar ayuda médica y participar en la vida cívica. La protección municipal es, en esencia, una política de seguridad pública, justicia y respeto humano.

La Primera Enmienda protege su derecho a grabar y documentar a agentes del orden público y federales en el ejercicio de sus funciones en público.