Proyecto sobre la responsabilidad de la Policía en casos de violencia doméstica y agresión sexual

Como parte de sus esfuerzos, la ACLU-Puerto Rico ha monitoreado durante años la respuesta policial ante los ciudadanos. En el 2012 se publicó el informe “Isla de Impunidad”, un documento en el cual se reseñaron las múltiples violaciones a los derechos civiles que cometió la uniformada puertorriqueña contra grupos ciudadanos. La publicación de esta extensa investigación resultó en el reconocimiento por parte del Departamento de Justicia Federal de la necesidad de implantar una reforma comprensiva en la Policía de Puerto Rico. Actualmente, existe ante el tribunal federal un acuerdo suscrito entre el Departamento de Justicia Federal y la Policía de Puerto Rico para implantar esta reforma.

En lo que se refiere a la violencia doméstica y la agresión sexual, el acuerdo obligó a la Policía a establecer un protocolo que cumpliera con el deber de la uniformada de educar, asistir y proteger a las víctimas. Incluyendo el deber de tomar las querellas sin discriminar por orientación sexual, estado migratorio o civil, así como la necesidad de darles seguimiento a las víctimas y a la implantación de las órdenes de protección, y el deber de levantar informes y mantener estadísticas sobre el manejo de estos casos con su clasificación correcta. A estos fines, la Policía de Puerto Rico publicó en noviembre de 2016 la Orden General 600 – 627 como protocolo para la Investigación de Incidentes de Violencia Doméstica, el cual establece las directrices para todos los miembros de la Policía que intervienen en casos de violencia de género.

La ACLU-Puerto Rico entiende que la adopción efectiva de la Reforma Policial en casos de violencia doméstica y agresión sexual requerirá de la participación de la comunidad. En particular, requerirá que las mujeres, grupos comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, las agencias y otras entidades colaboren con el proceso de educación, capacitación y monitoreo del manejo de las querellas. Para esto es indispensable que los ciudadanos puedan identificar qué es la violencia de género y la agresión sexual, cuáles son los procesos que deben ponerse en marcha para solicitar la intervención policial, los derechos que los(as) protegen y la necesidad de establecer supervisión ciudadana. Este Proyecto va dirigido a llevar a la ciudadanía esta información.

El Proyecto sobre Responsabilidad Policial en casos de Violencia Doméstica y Agresión Sexual cuenta con tres componentes principales: educación, promoción del principio de supervisión ciudadana y monitoreo por parte de la ACLU.

1. Educación: Desarrollamos talleres sobre qué es la violencia de género, violencia doméstica y la agresión sexual, los protocolos que ha implantado la Policía, los procesos para someter querellas, los procesos y derechos que protegen a las víctimas de estos delitos y la necesidad de establecer grupos de supervisión ciudadana que monitoreen el manejo de estos casos. Trabajamos módulos de charlas dirigidas a grupos comunitarios, profesionales, estudiantes de escuelas intermedias y superiores y policías, respectivamente. Estos talleres consisten de conferencias, presentaciones y ejemplos prácticos sobre los temas discutidos, ajustados a los intereses y problemáticas de la audiencia a la que nos dirigimos. La ACLU cuenta, además, con material educativo que será repartido en estas sesiones.
2. Promover el monitoreo ciudadano: Buscamos promover la creación de grupos ciudadanos, particularmente en las comunidades y organizaciones sin fines de lucro que, en colaboración con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justica Federal y la ACLU participen del monitoreo de la Policía. Queremos crear un esfuerzo colectivo para garantizar que la uniformada implemente adecuadamente y cumpla efectivamente con los protocolos para atender los casos de violencia de género y agresión sexual y que brinden la protección adecuada a las víctimas.
3. Intervención de la ACLU: La ACLU-Puerto Rico estará disponible para recibir querellas ciudadanas sobre el incumplimiento por parte de la Policía y otras violaciones de los derechos civiles de las víctimas de violencia de género y agresión sexual.