ACLU Puerto Rico alerta sobre acecho de ICE en comunidades y calles del archipiélago

San Juan, P.R. - La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico exigió este jueves el retiro de los agentes federales del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE, en inglés) de las calles y comunidades del archipiélago, al alertar sobre la tendencia de intervenciones en las que se violentan derechos de inmigrantes y que ponen en peligro la seguridad de todas las personas, incluyendo a la comunidad puertorriqueña.

"Desde principios del año pasado, hemos denunciado el carácter arbitrario, cruel y discriminatorio de las redadas del ICE en Puerto Rico y cómo violentan los derechos de todas las personas, independientemente del estatus migratorio", manifestó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico. "Estas intervenciones no han mermado. Por el contrario, casos recientes demuestran que los agentes de ICE siguen actuando al margen de la ley, con sus rostros tapados, con acciones violentas y poniendo en peligro a toda la comunidad", subrayó.

En las últimas semanas, el equipo de la ACLU de Puerto Rico ha documentado acciones de agentes del ICE que han incluido agresiones físicas, intervenciones arbitrarias en presencia de menores, intervenciones injustificadas en vías de tránsito vehicular y violaciones al debido proceso, entre otros aspectos. Personas también han documentado estas acciones y los vídeos han sido publicados a través de redes sociales. La ACLU de Puerto Rico junto a varios abogados de inmigración, la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la UPR y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ha representado a nueve personas inmigrantes cuyos derechos básicos han sido violentados y quienes representan una muestra de lo que atraviesan cientos de personas inmigrantes en nuestro archipiélago.

En ocho de nueve casos, la organización ha logrado frenar el traslado expedito de inmigrantes o que el tribunal ordene a ICE traer de vuelta a la persona. Además, ha logrado el acceso a las vistas de fianza a la que tienen derecho. Sin embargo, no en todos los casos los jueces de inmigración han otorgado la oportunidad de continuar la defensa del proceso migratorio en libertad bajo fianza. Del total de nueve casos, jueces de inmigración han negado fianza en dos, a pesar de que ninguna de estas personas representa un riesgo para la comunidad ni riesgo de fuga. Para estas personas los obstáculos no acaban con la fianza. En el proceso, la ACLU de Puerto Rico ha identificado patrones de fianzas excesivas sin justificación, trabas procesales y la amenaza constante de la separación de familias.

Estos arrestos ocurrieron bajo circunstancias que levantan serios señalamientos de perfilamiento racial y reflejan violaciones graves al debido proceso, además de otras posibles violaciones de ley que el pueblo no debe normalizar.

"Seguiremos utilizando el litigio para exigir que el gobierno federal respete el debido proceso, garantice el acceso a fianza en los casos correspondientes y detenga prácticas de perfilamiento racial y traslados punitivos que afectan desproporcionadamente a comunidades inmigrantes en Puerto Rico", planteó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

Desde enero de 2025, la ACLU ha presentado más de 325 acciones legales en Estados Unidos, incluyendo casi 200 demandas, la mayoría relacionadas con los derechos de los inmigrantes. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos falló 6-3 a favor de la ACLU, preservando la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento en el caso Trump v. Barbara, uno de los fallos más trascendentales en materia de derechos civiles en décadas y el caso más importante de la ACLU en 100 años. De esta manera, la Corte anuló la orden ejecutiva del presidente Trump que intentaba reescribir la Constitución de Estados Unidos para revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento, impactando a decenas de miles de familias inmigrantes en Estados Unidos y en Puerto Rico.

Esta decisión representa una victoria, pero el ataque del presidente Trump contra las comunidades inmigrantes y los derechos civiles se intensifica en todos los frentes. La Corte Suprema también dictaminó en junio que permitirá que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Siria y Haití por parte de la administración Trump entre en vigor, poniendo a casi 1.3 millones de personas en riesgo de perder su estatus. Además de haitianos y sirios, la decisión impacta migrantes de 13 países, entre ellos: Afganistán, Camerún, Honduras, Nepal, Nicaragua y Venezuela, que atraviesa actualmente una crisis humanitaria tras ser impactada por dos terremotos devastadores.

"Desde la ACLU, vemos que la administración Trump está apresurando arrestos, incluyendo a niños, mujeres embarazadas y personas que han formado parte de nuestras comunidades durante décadas, para confinarlos en centros de detención de inmigrantes sin el debido proceso, acceso a atención médica ni representación legal", sostuvo Martínez Orabona. "Condenamos estas acciones crueles e ilegales del presidente Trump y rechazamos con fuerza cualquier colaboración activa de parte del gobierno local en Puerto Rico", subrayó.