Boston, Mass. - La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la ACLU de Puerto Rico comparecieron este jueves ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, para respaldar a las personas demandantes en el caso Ínaru Nadia de la Fuente Díaz y otros v. Jenniffer A. González Colón y defender el derecho de las personas no binarias a obtener certificados de nacimiento que reflejen con precisión su identidad de género.
La participación de ambas organizaciones ocurrió mediante un escrito de amicus curiae presentado ante el foro apelativo, en momentos en que el gobierno de Puerto Rico busca revertir la determinación del Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico que concluyó que la política actual del Estado Libre Asociado viola el derecho a la igual protección de las leyes al impedir que las personas no binarias obtengan una marca de género “X” en sus certificados de nacimiento.
Durante la argumentación oral celebrada este jueves, la ACLU de Puerto Rico estuvo presente para apoyar ese reclamo y reiterar que esta política no puede analizarse como una simple decisión administrativa neutral, sino como una forma de discrimen basada en la identidad de las personas afectadas, lo que exige un escrutinio constitucional más riguroso.
Actualmente, el gobierno de Puerto Rico restringe el marcador de género en los certificados de nacimiento únicamente a “M” o “F”, en referencia al binario “masculino” y “femenino”, y se niega a ofrecer la opción “X”, aun cuando la persona cuente con otros documentos o certificaciones que reconocen su identidad de género no binaria. Para la ACLU Foundation y la ACLU de Puerto Rico, esa exclusión impone un trato desigual con consecuencias concretas y diarias.
“Negarle a una persona no binaria un certificado de nacimiento preciso no es un mero tecnicismo burocrático. Es una política que la expone al discrimen, la obliga a vivir con documentos inexactos y le comunica que, para el Estado, su identidad no merece reconocimiento”, expresó Fermín L. Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico. Por eso apoyamos con firmeza el reclamo de igualdad y dignidad de las personas demandantes", sostuvo.
En su escrito, la ACLU Foundation y la ACLU de Puerto Rico explicaron que las personas no binarias son un subgrupo de las personas transgénero, pues su identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer. A juicio de ambas organizaciones, excluir específicamente a las personas no binarias de la posibilidad de obtener documentos veraces constituye discrimen y debe activar, como mínimo, un escrutinio intermedio de mayor rigor bajo la cláusula de igual protección de las leyes.
El amicus también expone que las personas trans, incluidas las no binarias, han enfrentado una larga historia de marginación, exclusión y discrimen en ámbitos fundamentales de la vida, incluyendo empleo, vivienda, acceso a servicios, reconocimiento familiar y participación plena en la vida pública. Esa trayectoria, argumentaron, confirma que se trata de un grupo que merece una protección constitucional más robusta frente a clasificaciones impuestas por el gobierno.
“Cuando el Estado insiste en reconocer solo ciertas identidades como válidas en sus documentos oficiales, lo que hace es perpetuar exclusión. La Constitución exige mucho más cuando una política pública recae de esa manera sobre un grupo históricamente marginado”, añadió la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
La ACLU Foundation y la ACLU de Puerto Rico subrayaron además que ofrecer una marca de género “X” no representa un privilegio especial, sino la única vía real para que las personas no binarias cuenten con documentos de identidad precisos. Impedir esa corrección, sostuvieron, perpetúa un sistema oficial que solo reconoce como legítimas ciertas identidades, mientras excluye y estigmatiza a quienes no encajan dentro de categorías binarias.
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