Sobre Nosotros
Nuestra Misión
La ACLU de Puerto Rico es el capítulo local de la Unión Americana de Libertades Civiles, una organización sin fines de lucro que fue fundada en Estados Unidos en el 1920. Su misión es luchar contra las violaciones de las libertades civiles garantizadas por el sistema legal de Estados Unidos y de Puerto Rico. Combatimos tales violaciones dondequiera y cuando sea necesario.
Como capítulo, la ACLU de Puerto Rico vigila que las garantías constitucionales y los estatutos que garantizan los derechos humanos y libertades civiles de las personas se sostengan y se cumplan en el archipiélago puertorriqueño. Enfrentamos la opresión, el autoritarismo y las injusticias contra las personas.
La ACLU se sustenta con las cuotas anuales y las contribuciones de sus miembros, así como con donaciones de fundaciones privadas e individuos. No recibimos ningún tipo de financiación del gobierno federal ni estatal.
Conoce a Nuestro Equipo
Nuestro equipo está comprometido con la defensa de los derechos civiles y las libertades en todo Puerto Rico. Liderados por la directora ejecutiva Annette Martínez Orabona, nuestro personal cuenta con décadas de experiencia en derecho, políticas públicas, comunicaciones y administración para promover los derechos humanos y la justicia para todos.
Annette Martínez Orabona
Belkis B. Pérez Adorno
David Cordero Mercado
Fermín L. Arraiza Navas
Lolimar Escudero Rodríguez
ACLU Puerto Rico: Hitos en la Justicia
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha tenido una presencia significativa en Puerto Rico desde mucho antes de su establecimiento formal como capítulo en el archipiélago. Su compromiso con los derechos civiles en el territorio estadounidense se remonta a la década de 1930.
Década de 1930
La primera investigación de la ACLU en Puerto Rico
La Masacre de Ponce
La presencia formal de la ACLU en Puerto Rico comenzó en 1937, cuando Arthur Garfield Hays, cofundador y director legal, presidió el Comité Hays. Este comité investigó la Masacre de Ponce, donde la policía insular reprimió violentamente una protesta pacífica del Partido Nacionalista. El informe resultante documentó violaciones de derechos civiles y sentó el precedente para el papel de la ACLU en la defensa de los derechos en la isla.
Arthur Garfield Hays, entonces director legal de la ACLU, y otros firmantes puertorriqueños publicaron el informe de una comisión presidida por la ACLU, encargada de investigar la masacre de manifestantes a manos de la policía de Puerto Rico en la ciudad de Ponce. Los hechos documentados en el informe se conocieron como la Masacre de Ponce.
1993
Primeros pasos en la organización
Inicios informales de la defensa local
A principios de la década de 1990, el trabajo en defensa de las libertades civiles en la isla se había consolidado como un esfuerzo constante. Aunque aún no era una filial formal, la ACLU comenzó a establecer una presencia local en Puerto Rico en 1993, respondiendo a problemas sistémicos de derechos civiles y sentando las bases para una filial permanente.
Década de 2000
Establecimiento oficial
La ACLU de Puerto Rico se convierte en filial
En el año 2000, la ACLU estableció formalmente su capítulo en Puerto Rico. Desde sus inicios, su labor se centró en la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables, incluyendo a las personas con discapacidad y a quienes viven con el VIH. Mediante litigios significativos, la filial impulsó la inclusión y combatió la discriminación en materia de vivienda, empleo y atención médica.
Ampliación del trabajo en derechos civiles
Lucha contra la discriminación y la brutalidad policial
La ACLU de Puerto Rico amplió su enfoque para abordar la discriminación racial y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. La organización presentó demandas en virtud del artículo 1983 del Título 42 del Código de los Estados Unidos para impugnar la represión violenta durante las protestas y defendió la libertad de prensa en el caso ASSPRO contra Muller, un caso clave de la Primera Enmienda. Los informes publicados durante este período documentaron problemas sistémicos en la actuación policial, las condiciones carcelarias y el derecho al voto, al tiempo que destacaron las luchas por la justicia en materia de salud, vivienda y medio ambiente.
Década de 2010
Enfrentando la desigualdad política y estructural
Estatus colonial y desafíos de los derechos civiles
La ACLU reconoció las limitaciones impuestas por el estatus político de Puerto Rico, moldeado por fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos como Downes v. Bidwell (1901) y Balzac v. Puerto Rico (1922). Estos casos definieron a Puerto Rico como un territorio que “pertenece a, pero no forma parte de” los Estados Unidos, creando barreras para la igualdad de derechos y la plena protección constitucional.
2017 hasta la actualidad
PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal
Defendiendo la democracia en medio del control fiscal
La implementación de PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) otorgó amplios poderes a una Junta de Supervisión Fiscal impuesta por el gobierno federal. La ACLU de Puerto Rico ha calificado este marco como una “zona libre de derechos civiles”, donde se socavan las decisiones y protecciones democráticas. En virtud de la ley PROMESA, numerosos casos liderados por la ACLU fueron paralizados arbitrariamente, lo que impidió las reparaciones y debilitó las garantías de los derechos civiles en la isla.
Nuestro Trabajo Continúa
La ACLU de Puerto Rico sigue luchando por la justicia a través de la defensa, el litigio y la educación. Nuestra misión perdura: garantizar que toda persona en la isla, independientemente de su raza, género, origen o condición, pueda vivir libre e igualitariamente ante la ley.
Desde la investigación de la Masacre de Ponce en 1937 hasta la lucha actual por la democracia, la igualdad y los derechos humanos, la ACLU de Puerto Rico ha estado en la primera línea de la justicia.
Nuestro compromiso sigue siendo tan firme como siempre: proteger la libertad de expresión, defender los derechos de las comunidades marginadas y garantizar que toda persona en Puerto Rico viva con dignidad y equidad ante la ley.
Únete a nosotros para continuar con este legado de defensa y acción. Juntos, podemos construir un Puerto Rico donde las libertades civiles estén protegidas para todos.
“La defensa de las libertades civiles no es un momento, es un movimiento. Nuestro trabajo honra el pasado, protege el presente y construye un futuro justo para todos.”
