El voto es un derecho fundamental y la base de una democracia funcional. En Puerto Rico, las barreras a la plena participación política continúan limitando la forma en que las personas se involucran en el proceso democrático.
La ACLU de Puerto Rico trabaja para defender los derechos electorales promoviendo elecciones justas, oponiéndose a la supresión del voto y abogando por sistemas democráticos inclusivos y accesibles. Creemos que toda persona elegible para votar merece una voz significativa.
Una década después de que el Congreso impusiera PROMESA en 2016, Puerto Rico sigue bajo el control antidemocrático de una Junta de Supervisión Fiscal no electa.
La gobernadora de Puerto Rico fue electa en 2024 con el 39.45% de los votos —menos de una mayoría absoluta—, lo que subraya cómo el sistema electoral actual puede producir una candidatura ganadora sin apoyo mayoritario.
Actualmente no existe ninguna ley federal que provea un proceso vinculante de autodeterminación con opciones claramente definidas y exigibles por el Congreso para el futuro político de Puerto Rico.
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