Los valores supremos de igualdad y equidad se ven desafiados en nuestras legislaturas y tribunales. El sistema legal que durante mucho tiempo se usó como arma de defensa contra la intolerancia ahora se invierte para promover y consagrar la intolerancia.
Hemos visto esta tendencia en una serie de temas de libertades civiles, entre ellos: ataques al matrimonio igualitario de parejas LGBT; esfuerzos por limitar el derecho al aborto; personas y organizaciones que usan a la religión como excusa para discriminar o negar servicios; la divulgación de la pseudociencia para perpetuar estereotipos de género y la segregación sexual en las aulas; un esfuerzo nacional por parte de las legislaturas del estado para restringir el acceso a las urnas; leyes antiinmigratorias que codifican la categorización racial al apuntar a los latinos y otras personas de color; prácticas disciplinarias discriminatorias que expulsan a niños y niñas de color de las escuelas y los empujan hacia el sistema de justicia penal, entre otros.
La ACLU lucha contra estos esfuerzos que nos retrotraen a una época en la cual muchas personas eran relegadas como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría. Queremos asegurar que todos y todas, independientemente del género, orientación sexual, raza, religión, discapacidad, nacionalidad o ideología, sean tratados de manera igualitaria de acuerdo a la ley y que los tribunales y legislaturas sean instrumentos para poner fin a la discriminación.