{"id":4646,"date":"2026-11-13T17:24:33","date_gmt":"2026-11-13T21:24:33","guid":{"rendered":"https:\/\/live-awp-puerto-rico.pantheonsite.io\/?post_type=press_release&#038;p=4646"},"modified":"2026-11-13T17:24:33","modified_gmt":"2026-11-13T21:24:33","slug":"organizaciones-exigen-a-la-camara-restituir-protecciones-a-estudiantes-inmigrantes-eliminadas-del-proyecto-del-senado-1062","status":"publish","type":"press_release","link":"https:\/\/www.aclu-pr.org\/es\/press-releases\/organizaciones-exigen-a-la-camara-restituir-protecciones-a-estudiantes-inmigrantes-eliminadas-del-proyecto-del-senado-1062\/","title":{"rendered":"Organizaciones exigen a la C\u00e1mara restituir protecciones a estudiantes inmigrantes eliminadas del Proyecto del Senado 1062"},"author":12,"featured_media":4649,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"","_relevanssi_noindex_reason":""},"class_list":["post-4646","press_release","type-press_release","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":{"subheading":"La campa\u00f1a Migrar es un Derecho reclama que se reviertan diversas enmiendas aprobadas por el Senado y se celebren vistas p\u00fablicas sobre la medida o, en su defecto, que se rechace su aprobaci\u00f3n","date_and_time":"2026-11-13 15:00:00","featured_image":4649,"components":[{"acf_fc_layout":"text","text":{"text":"<b>San Juan, P.R. \u2014<\/b> Las organizaciones que integran la campa\u00f1a Migrar es un Derecho exigieron este viernes a la C\u00e1mara de Representantes que revierta diversas enmiendas introducidas al Proyecto del Senado 1062, restituya las protecciones contempladas en su versi\u00f3n original y celebre vistas p\u00fablicas que permitan evaluar sus implicaciones para los derechos fundamentales de la ni\u00f1ez inmigrante. De no atenderse estos reclamos, las organizaciones solicitaron que la medida no sea aprobada.\r\n\r\nDurante una conferencia de prensa, la Uni\u00f3n Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, Kil\u00f3metro Cero, Amnist\u00eda Internacional de Puerto Rico y Comuna Caribe presentaron un an\u00e1lisis jur\u00eddico de las enmiendas aprobadas por el Senado, que advierte sobre la eliminaci\u00f3n de salvaguardas esenciales para proteger a estudiantes frente a intervenciones de las autoridades federales de inmigraci\u00f3n en las escuelas p\u00fablicas del pa\u00eds.\r\n\r\nEl proyecto, seg\u00fan radicado originalmente, procuraba establecer mayores garant\u00edas para la ni\u00f1ez inmigrante, independientemente de su estatus migratorio, mediante restricciones a las intervenciones migratorias en los planteles escolares y mecanismos de protecci\u00f3n de informaci\u00f3n personal y confidencial. Sin embargo, las enmiendas introducidas durante el tr\u00e1mite legislativo alteraron sustancialmente su alcance y generaron disposiciones ambiguas que podr\u00edan facilitar las mismas intervenciones que la medida pretend\u00eda prevenir.\r\n\r\n\u201cLa C\u00e1mara de Representantes tiene la responsabilidad de corregir las enmiendas introducidas en el Senado, restituir garant\u00edas originales y abrir un proceso de vistas p\u00fablicas que permita escuchar y evaluar las consecuencias de esta medida, para que su implementaci\u00f3n sea verdaderamente efectiva\u201d, anot\u00f3 la licenciada Annette Mart\u00ednez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, durante una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. \r\n\r\nEl Proyecto de la C\u00e1mara 1062 fue radicado el 6 de febrero de 2026, por la senadora Nitza Mor\u00e1n Trinidad y la coautor\u00eda de otros senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP). Las organizaciones reiteraron el apoyo a la medida original, que fue referida a la Comisi\u00f3n de Gobierno y la de Educaci\u00f3n, Arte y Cultura. A finales de octubre, las comisiones presentaron un informe conjunto con enmiendas, que desvirtuaron el prop\u00f3sito de la medida y que, sin lugar a dudas, facilitaba la entrada de agentes de inmigraci\u00f3n a los planteles escolares. La ACLU de Puerto Rico divulg\u00f3 su an\u00e1lisis a esas enmiendas el jueves, antes de que la medida se llevara votaci\u00f3n en el Senado, sin vistas p\u00fablicas. \r\n\r\nPrevio a llevarse a votaci\u00f3n, se elimin\u00f3 una de las enmiendas m\u00e1s problem\u00e1ticas, que habr\u00eda paso a intervenciones solo con una \u201corden administrativa u otro documento\u201d. No obstante, aunque se estableci\u00f3 el requisito de una orden judicial, el texto perdi\u00f3 fuerza, claridad y consistencia, incluyendo la consideraci\u00f3n de \u00f3rdenes administrativos en otros escenarios, la ejecuci\u00f3n de salvaguardas solo de manera opcional y la proyecci\u00f3n err\u00f3nea de que no es posible implementar protecciones locales frente a agentes federales. "}},{"acf_fc_layout":"single-image","single-image":{"":null,"image-group":{"image":4649,"":null,"caption":"","credit":"","link-settings":"none","url":""},"width":"standard","alignment":"left"}},{"acf_fc_layout":"text","text":{"text":"<b>Eliminaci\u00f3n de protecciones y ambig\u00fcedad sobre las \u00f3rdenes judiciales<\/b>\r\n\r\nUno de los cambios m\u00e1s preocupantes se encuentra en el art\u00edculo 7(a), cuyas enmiendas eliminaron los requisitos espec\u00edficos que originalmente deb\u00eda cumplir una orden judicial para intervenir con estudiantes. El texto inicial exig\u00eda que la orden fuera emitida por un tribunal competente, estuviera firmada por un juez e identificara al estudiante y la justificaci\u00f3n legal de la intervenci\u00f3n. Sin embargo, la versi\u00f3n aprobada por el Senado se limita a requerir que el personal escolar solicite la presentaci\u00f3n de cualquier orden judicial y verifique su alcance y vigencia, sin conservar los criterios detallados que ofrec\u00edan mayor claridad y protecci\u00f3n.\r\n\r\nResulta particularmente preocupante la disposici\u00f3n que establece que una orden administrativa no constituir\u00e1, por s\u00ed sola, autorizaci\u00f3n para acceder a espacios no p\u00fablicos de una instituci\u00f3n escolar, abriendo paso a una distinci\u00f3n ambigua sobre espacios p\u00fablicos o privados en un plantel escolar. Esta ambig\u00fcedad resulta especialmente peligrosa porque una escuela p\u00fablica no constituye un espacio de libre acceso. Sus instalaciones est\u00e1n sujetas a controles y restricciones dirigidos a garantizar la seguridad y privacidad de la comunidad escolar. Adem\u00e1s, una orden administrativa emitida por una agencia migratoria no equivale a una orden judicial firmada por un juez.\r\n\r\nLas organizaciones advirtieron que esta redacci\u00f3n no establece una prohibici\u00f3n categ\u00f3rica del uso de \u00f3rdenes administrativas para justificar el acceso a los planteles escolares. Por el contrario, al circunscribir la limitaci\u00f3n a determinados espacios no p\u00fablicos y supuestos jur\u00eddicos, deja abierta la posibilidad de que las autoridades federales invoquen una orden administrativa para acceder a \u00e1reas consideradas p\u00fablicas o donde no se exija autorizaci\u00f3n judicial.\r\n\r\n\u201cResulta profundamente indignante que, mientras nuestras comunidades inmigrantes enfrentan una escalada de persecuci\u00f3n y violencia por parte del ICE, y cuando el pueblo estadounidense ha exhibido su rechazo contundente a las pol\u00edticas violentas y antiinmigrantes, nuestro Senado opte por aprobar una medida que debilita las protecciones que originalmente pretend\u00edan garantizarse. Puerto Rico no puede subordinar la dignidad y los derechos humanos de nuestras comunidades inmigrantes, que son parte integral de este pa\u00eds, a las pol\u00edticas migratorias de la administraci\u00f3n de Donald Trump\u201d, subray\u00f3 Mari Mai Narvaez, directora ejecutiva de Kil\u00f3metro 0.\r\n\r\n<b>Protecciones debilitadas para estudiantes, familias y personal escolar<\/b>\r\n\r\nEl an\u00e1lisis -liderado por la licenciada Lolimar Escudero Rodr\u00edguez, abogada de Pol\u00edtica P\u00fablica de la ACLU de Puerto Rico- tambi\u00e9n identific\u00f3 la eliminaci\u00f3n, en el art\u00edculo 6, del requisito de asesor\u00eda legal previa a la divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n estudiantil, lo que debilita un mecanismo fundamental para prevenir la entrega indebida de datos personales y confidenciales.\r\n\r\n\u201cNing\u00fan estudiante deber\u00eda temer que acudir a clases pueda exponerlo a una detenci\u00f3n o a la separaci\u00f3n de su familia\u201d, sostuvo Escudero Rodr\u00edguez. \r\n\r\nPor otra parte, en los art\u00edculos 7 y 8, el proyecto original establec\u00eda mecanismos claros de protecci\u00f3n como la notificaci\u00f3n a madres, padres o tutores, el acompa\u00f1amiento del estudiante y la consulta al Departamento de Justicia para verificar los fundamentos legales de una intervenci\u00f3n. \r\n\r\nPero el lenguaje utilizado en el texto aprobado sugiere que dichas garant\u00edas podr\u00edan tener como prop\u00f3sito interferir con una intervenci\u00f3n, cuando su verdadera finalidad es proteger los derechos del estudiantado, garantizar la comunicaci\u00f3n con sus familias y verificar la legalidad de las actuaciones de las autoridades. Sobre la consulta a Justicia, el texto aprobado utiliza t\u00e9rminos como \u201cpodr\u00e1\u201d, eliminando la exigencia de ese paso. \r\n\r\nLas organizaciones advirtieron que estas limitaciones podr\u00edan convertir las salvaguardas en tr\u00e1mites proforma o sin efectividad real, al impedir que el personal escolar cuente con el tiempo y la orientaci\u00f3n necesarios para verificar los fundamentos legales de una intervenci\u00f3n y proteger los derechos del estudiantado.\r\n\r\nAdem\u00e1s, la versi\u00f3n enmendada no conserva una prohibici\u00f3n expresa de intervenciones en los salones de clases y deja abierta la posibilidad de actuaciones durante el horario escolar. Estas modificaciones podr\u00edan reducir incluso las protecciones contempladas en el protocolo adoptado por el Departamento de Educaci\u00f3n en febrero de 2025.\r\n\r\n\u201cLas escuelas deben ser espacios seguros para aprender, no escenarios de persecuci\u00f3n migratoria. El lenguaje aprobado por el Senado crea incertidumbre sobre las facultades del ICE y las obligaciones del personal escolar, precisamente cuando la ley deber\u00eda establecer l\u00edmites claros y protecciones inequ\u00edvocas\u201d, sostuvo Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnist\u00eda Internacional Puerto Rico.\r\n\r\n<b>El derecho a la educaci\u00f3n no depende del estatus migratorio<\/b>\r\n\r\nLas organizaciones recordaron, adem\u00e1s, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoci\u00f3 en Plyler v. Doe (1982) el derecho de la ni\u00f1ez a acceder a la educaci\u00f3n p\u00fablica primaria y secundaria independientemente de su estatus migratorio. Asimismo, las protecciones constitucionales contra registros y allanamientos irrazonables, el debido proceso de ley y el derecho a la intimidad contin\u00faan vigentes, independientemente de los cambios en las pol\u00edticas federales de inmigraci\u00f3n.\r\n\r\nAsimismo, advirtieron que la presencia o amenaza de intervenciones migratorias en las escuelas puede provocar miedo, ausentismo y abandono escolar, adem\u00e1s de desalentar a las familias inmigrantes de acceder a servicios esenciales. Este escenario ha sido documentado en Puerto Rico. \r\n\r\nDurante la conferencia de prensa, tambi\u00e9n estuvieron presentes la licenciada Yarima Gonz\u00e1lez, miembro de la Comisi\u00f3n de Inmigraci\u00f3n del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Miguel Rivera, vicepresidente de la Federaci\u00f3n de Maestros; Eva Ayala, presidenta de Educamos; y Susan Rivera Miranda, de la organizaci\u00f3n \u00danete.\r\n\r\nLa ACLU de Puerto Rico someti\u00f3 el an\u00e1lisis este viernes ante la Comisi\u00f3n de Educaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes, con el endoso de las organizaciones que integran la campa\u00f1a Migrar Es un Derecho. El grupo reiter\u00f3 que la C\u00e1mara tiene la oportunidad y la responsabilidad de evitar que una legislaci\u00f3n concebida para proteger a la ni\u00f1ez inmigrante termine debilitando sus derechos. 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